El avance de las investigaciones judiciales y la sucesión de escándalos que golpean al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE han terminado por situar a la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una posición cada vez más incómoda. Sin estar formalmente imputada ni señalada por ninguna causa, su nombre aparece vinculado de forma indirecta a varios episodios que afectan a su entorno político más cercano, tanto en Moncloa, como en Ferraz y en el PSOE andaluz, organización que dirige.

En apenas dos semanas se han acumulado hechos que erosionan su triple condición de vicepresidenta del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces. Entre ellos figuran el escándalo sexual relacionado con Francisco Salazar, las denuncias fiscales que afectan al dirigente socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, y, especialmente, la detención de Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y antiguo colaborador directo de Montero. A ello se suma la caída de la llamada fontanera socialista, Leire Díez, pieza relevante en la investigación, recuerda El Confidencial.

El caso que más compromete políticamente a la vicepresidenta es el de Fernández. Montero ha tratado de marcar distancias en público, hasta el punto de referirse a él como «ese señor», pero los hechos reflejan una relación política estrecha y prolongada. Fue ella quien lo situó al frente de la SEPI en julio de 2018, tras la llegada de Sánchez a La Moncloa y su propio desembarco en el Ministerio de Hacienda. Antes, durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, lo había designado interventor general del Ejecutivo autonómico.

Según fuentes de la investigación consultadas por el citado periódico, después de abandonar la SEPI en 2019, Fernández continuó operando desde un inmueble situado en la calle Diego de León, 36, a escasa distancia de la sede madrileña de la entidad pública adscrita al ministerio que dirige Montero. Una circunstancia que refuerza la gravedad del caso y el vínculo político previo.

La operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, marca un punto de inflexión. La investigación deja de circunscribirse a maniobras internas para frenar causas judiciales incómodas para el PSOE y pasa a conectar distintas tramas. En este nuevo escenario adquiere mayor protagonismo Leire Díez y emerge la relación con Servinabar, la empresa de la que es copropietario el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Fue esta sociedad la que contrató a Fernández como director comercial tras su salida de la SEPI.

Por ahora, el magistrado atribuye a Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso, socio de Cerdán, delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Desde el PSOE andaluz reconocen sin ambages la cercanía política entre Montero y Fernández. «Era su mano derecha en la consejería, un hombre cien por cien de Montero«, señalan fuentes socialistas. En ese mismo entorno recuerdan que, aunque Francisco Salazar mantuviera una relación directa con el presidente del Gobierno, también formaba parte del núcleo del socialismo andaluz.

Para contener el impacto del caso Salazar, Moncloa anunció el pasado fin de semana la destitución de Antonio Hernández, director del Departamento de Coordinación Política de la Presidencia del Gobierno y miembro de la Ejecutiva del PSOE andaluz. Una decisión que no ha evitado que la vicepresidenta trate de levantar un cortafuegos respecto a Vicente Fernández. En un corrillo en el Congreso, Montero negó cualquier contacto con él en los últimos seis años y afirmó no compartir ni entorno ni relaciones personales. También aseguró haber conocido las actividades de Servinabar a través de la prensa, tras estallar el caso Koldo.

Pese a todo, Montero ha logrado mantenerse al margen de las grandes causas judiciales que han sacudido al socialismo, tanto durante su etapa en la Junta de Andalucía —incluido el escándalo de los ERE— como en el actual Gobierno. Personas de su entorno describen un perfil extremadamente prudente, reacio a firmar documentos comprometidos y proclive a apartarse ante cualquier sospecha. Un patrón que algunos comparan con el del propio Sánchez, rodeado de escándalos de los que siempre asegura no tener conocimiento.

Este desgaste se produce cuando faltan apenas siete meses para las elecciones autonómicas en Andalucía. Todo apunta a que Montero debería encabezar la candidatura socialista, pero en el PSOE andaluz crecen las dudas. Las malas expectativas electorales y el deterioro progresivo de su imagen hacen que cada vez menos dirigentes den por segura su participación.

Mientras tanto, la vicepresidenta concentra una cuota de poder determinante en dos de los asuntos más delicados de la legislatura. El primero, la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Esta semana volvió a sufrir un revés en el Congreso al fracasar, por segunda vez en quince días, la votación de la senda de déficit, con el rechazo de PP, VOX, Junts y UPN, y la abstención de Podemos. La posibilidad de cerrar la legislatura sin nuevas cuentas públicas supondría un fracaso político de primer orden para Sánchez y para su ministra de Hacienda.

El segundo frente es la financiación autonómica, negociación que Montero mantiene de forma directa con ERC. El proceso avanza con lentitud y sitúa a la vicepresidenta en una posición delicada: cualquier concesión a Cataluña tensiona su liderazgo en Andalucía y debilita su eventual candidatura. Aun así, fuentes de ERC mantienen el optimismo.

En el ámbito parlamentario, Montero mantiene una actividad irregular. Esta semana faltó a la sesión de control por un compromiso en Bruselas, aunque sí acudió al pleno posterior. Sus ausencias en el Congreso suman tres en 2025 y dos en 2024, con decenas de comparecencias aún pendientes. Donde sí se aprecia un cambio es en el Senado. Desde septiembre sólo ha asistido a dos sesiones de control, pese a la obligación reglamentaria de justificar cada ausencia. En todos los casos alegó reuniones con organismos y empresas públicas dependientes de su ministerio, muchas de ellas sin reflejo en la agenda oficial ni comunicación pública posterior.

La acumulación de cargos y responsabilidades delegadas por Sánchez convierte la agenda de la vicepresidenta en un rompecabezas permanente. A ese contexto se añade la sucesión de escándalos y el avance de las investigaciones judiciales. Con este panorama, el desenlace de los próximos siete meses resulta incierto, justo cuando María Jesús Montero debería abandonar el Gobierno para enfrentarse a unas elecciones autonómicas especialmente adversas frente al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.