La gestión de las consecuencias de la entrada masiva de finales de julio en Ceuta amenaza con prolongarse durante meses. El sistema para identificar a los recién llegados y tramitar las peticiones de protección internacional acumula miles de expedientes mientras miles de inmigrantes continúan viviendo en playas, chabolas y recursos provisionales casi dos meses después de los hechos del 30 y 31 de julio.
El atasco afecta a un sistema que ya afronta más de 5.000 solicitudes de asilo. Interior tuvo que reforzar a finales de agosto el dispositivo policial destinado al triaje, identificación y registro de los inmigrantes, con ocho nuevas líneas de trabajo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional habilitado en El Tarajal. A mediados de septiembre trabajaban en estas tareas alrededor de 90 funcionarios y se habían efectuado más de 1.800 triajes.
Mientras la Administración intenta procesar los expedientes, la realidad sobre el terreno se consolida. Muwafaq pasa parte del día en las inmediaciones del CETI, donde se aloja junto a otros inmigrantes. En las laderas cercanas al centro pueden encontrarse grupos procedentes de distintos países africanos y de Oriente Próximo que permanecen durante horas fuera de las instalaciones.
La situación resulta todavía más visible en Benítez y El Trampolín. Las tiendas de campaña y construcciones improvisadas se extienden por la costa. Los propios inmigrantes han levantado puestos donde se vende ropa, calzado, comida, productos de higiene, tarjetas telefónicas y otros artículos. También han aparecido pequeños negocios y barberías. El asentamiento se ha extendido desde Benítez hasta la antigua fábrica de Guano y continúa ganando terreno pese a las operaciones de realojo.
El Gobierno habilitó nuevas instalaciones en el Muelle de Poniente para intentar liberar parte del litoral. El pasado viernes fueron trasladadas allí unas 1.700 personas, pero alrededor de 3.400 seguían esperando una plaza, según los datos difundidos tras la operación. El nuevo recinto quedó prácticamente ocupado en apenas unas horas.
El resultado ha alimentado el malestar entre los vecinos, que aseguran comprobar cómo los asentamientos vuelven a llenarse incluso después de los traslados. Parte de ese fenómeno se atribuye a personas que permanecían hasta ahora en viviendas saturadas o que han agotado el dinero con el que pagaban una plaza en pisos utilizados como alojamiento clandestino. Las fuerzas de seguridad investigan estas viviendas cuando existen indicios de cobros por pernoctación.
La preocupación coincide con un nuevo problema en la propia frontera. La barrera de boyas instalada para dificultar las llegadas a nado apareció dañada por el fuerte oleaje y el viento, lo que llevó a la Guardia Civil a reforzar la vigilancia en el entorno fronterizo.
La presión sobre el Ejecutivo desembocó este domingo en una nueva movilización ciudadana. Más de un millar de ceutíes marcharon hasta el Tarajal convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para reivindicar la españolidad de la ciudad y exigir una mayor protección de la frontera. La protesta estuvo acompañada por cientos de motoristas y dejó consignas como «Invasores, expulsión» y críticas directas a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los hechos del 30 y 31 de julio siguen, además, bajo investigación judicial. Las diligencias de la Audiencia Nacional trabajan con una horquilla de entre 75.000 y 85.000 entradas durante aquellas dos jornadas y analizan la organización y logística que hicieron posible una movilización de semejante magnitud, incluida la eventual intervención de redes y agentes externos.
El papel de Marruecos permanece en el centro de las incógnitas. Rabat ha reforzado ahora el entorno fronterizo ante el temor de nuevos intentos de cruce, con un dispositivo que, según medios marroquíes citados por la prensa española, incluye al menos 3.000 efectivos, tanquetas, cañones de agua y barreras físicas en la zona de Fnideq. El despliegue llega después de los acontecimientos de julio y mientras la Justicia española trata de reconstruir cómo pudo producirse una entrada de decenas de miles de personas en apenas dos días.
Casi dos meses después, alrededor de 10.000 personas permanecen todavía en Ceuta, según las estimaciones publicadas en los últimos días. Parte duerme en centros oficiales y parte continúa en asentamientos improvisados. Los realojos, la apertura de nuevas carpas y el refuerzo policial todavía no han logrado devolver a barrios como Benítez y El Trampolín la situación anterior a finales de julio.
