Los exdiputados Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, del PSOE, y Alberto Casero, del PP, ambos investigados por la Justicia, ya han empezado a cobrar del Congreso la indemnización a la que tienen derecho por haber dejado sus escaños. Ambos percibirán un total de 12.507,56 euros en concepto de una figura similar a la prestación por desempleo.
El socialista Fuentes Cuberlo fue obligado a dimitir el pasado 14 de febrero tras conocerse que estaba siendo investigado por la trama de corrupción del caso Mediador. El 6 de marzo fue Casero quien decidió entregar su acta despues de que un juez instructor del Tribunal Supremo recomendase procesarle por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Trujillo (Cáceres).
Los dos solicitaron a la Mesa del Congreso que se les abonase la indemnización que les correspondía, ya que todo diputado que deje el escaño y haya estado al menos dos años en la Cámara, tiene derecho a percibir una indemnización por cese, incompatible con otros ingresos públicos o privados. Es una especie de subsidio de desempleo, ya que sus señorías no tienen acceso a paro por no formar parte de régimen de la Seguridad Social
El órgano de gobierno de la Cámara les autorizó a cobrar esa suerte de paro, cuya cuantía es la equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario.
En ambos casos, la Mesa del Congreso les ha autorizado a percibir cuatro mensualidades. Según han precisado fuentes parlamentarias, Fuentes Curbelo ha cobrado de una tacada la mensualidad correspondiente a marzo y abril, puesto que tenía adquirido el derecho desde mediados de febrero. Al exdiputado canario, mantuvo su acta durante tres años, le quedarían por tanto dos pagos pendientes.
De su lado, Casero –que fue diputado seis meses en la anterior legislatura y más de tres años en la actual– ha recibido este mes de abril el primero de los cuatro ingresos que percibirá si sus circunstancias no cambian.
Y es que indemnización por cese no se abona de golpe, sino que se divide y el Congreso la va pagando mensualmente. Esto es así porque esta prestación es «incompatible con la percepción de cualquier retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado», con lo que en cualquier momento la Cámara puede detener el pago si detecta que el exdiputado tiene otros ingresos.
