El Tribunal Constitucional ha ordenado a la Sala Penal del Tribunal Supremo que aplique la amnistía a la malversación de fondos públicos vinculada al proceso separatista catalán. La resolución, aprobada por siete votos frente a cinco, abre la puerta al regreso de Carles Puigdemont, aunque su vuelta sin riesgo de detención queda pendiente de que el magistrado Pablo Llarena retire la orden que pesa sobre él.
La decisión alcanza también a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, sujetos igualmente a órdenes nacionales de arresto. El fallo rechaza el criterio seguido por el Supremo, que había considerado que la redacción de la ley impedía amnistiar el desvío de dinero público cometido por los dirigentes del procés.
La elaboración de la sentencia ha terminado en manos del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, después de que José María Macías renunciara al borrador que había preparado para reflejar la posición mayoritaria del tribunal. Macías comunicó ayer esa decisión, al no compartir la interpretación que finalmente se ha impuesto.
El magistrado tenía asignada la ponencia del primer recurso registrado, presentado por el exconsejero de Presidencia Jordi Turull. Su propuesta inicial, defendida el pasado 22 de septiembre, avalaba la interpretación de la Sala Penal del Supremo y sostenía que la malversación examinada debía quedar fuera de la amnistía. La votación ha resuelto la controversia en sentido contrario y ha vuelto a evidenciar la división del Constitucional sobre esta norma.
