La venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), impulsada durante la etapa de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, llevaba aparejado un contrato secreto que contemplaba 50 millones de euros en comisiones ocultas para el empresario Víctor de Aldama.

Según publica El Mundo, el acuerdo fue suscrito el 24 de abril de 2019 entre el fondo Platinum Estates Limited, radicado en Hong Kong, y Pilot Real Estate, sociedad propiedad de Aldama. El documento fijaba un calendario de pagos si fructificaba la operación inmobiliaria sobre el complejo Campos Velázquez, situado entre las calles Velázquez y María de Molina, en pleno centro de Madrid.

El contrato establecía un primer pago de 15 millones de euros si Hacienda aceptaba la oferta de 250 millones presentada por el grupo encabezado por Aldama. Después, el fondo abonaría otros 20 millones tras la firma del contrato privado de compraventa. Los 15 millones restantes quedaban vinculados a la obtención de la licencia de obras para levantar varias torres de viviendas de lujo y un hotel.

La operación, que no llegó a cerrarse, afectaba a un complejo de cerca de 40.000 metros cuadrados repartidos en seis edificios. Allí se encuentran las sedes de la SEPI y Sepides, el cuartel general de Navantia y dependencias alquiladas por el Instituto de Empresa.

El caso adquiere mayor dimensión política por la intervención de José Luis Ábalos y Koldo García. Según la investigación, Aldama tenía previsto repartir al menos cinco millones con el exministro de Transportes y su asesor por haberle permitido optar a la operación. La Guardia Civil intervino una grabación en la que ambos abordaban el reparto de la mordida.

En esa conversación, Koldo preguntó a Ábalos: «¿Te acuerdas de lo que hablamos de SEPI, el conjunto que está donde están las centrales de la SEPI, los edificios, la oferta de 250 que vinieron?». Después añadió: «Si se ejecuta eso, a él le generan un montante de cinco». Ábalos respondió: «¿Cinco kilos?». Koldo contestó: «Sí, a ti te corresponden (…) porque tiene que repartir». La Policía Judicial señala que la cantidad exacta atribuida al exministro resulta ininteligible, aunque concluye que ambos hablaban del reparto de la comisión.

Aldama sostiene que fue Koldo quien le animó a concurrir a la operación. Según su versión, le trasladó que «Montero le ha dicho a Ábalos que están buscando a un empresario de confianza para quedarse con los edificios de la SEPI».

La tramitación quedó en manos de Antonio Cervera, entonces presidente de Sepides y persona de confianza de Montero, que hoy ocupa la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. Cervera ya había trabajado bajo las órdenes de Montero en la Junta de Andalucía como director de Patrimonio.

En marzo de 2019, Sepides comunicó a la secretaria de Aldama que la oferta estaba siendo analizada y que habría respuesta cuando se adoptara una decisión. Según la documentación publicada, el empresario trabajó durante meses como si la operación estuviera encaminada.

El 24 de abril de 2019, Aldama ya había firmado con Platinum Real Estate la compra de la sede central de la SEPI por 201 millones de euros, sin IVA, y el contrato paralelo de 50 millones en comisiones. Incluso remitió a la SEPI una oferta no vinculante inicial firmada por el magnate Harry Hassomal Mohinani, en nombre del fondo de Hong Kong, para que Sepides la estudiara durante 90 días.

La operación terminó abortada. Según la versión de Aldama, fue el propio Koldo quien le llamó para pedirle que retirara la propuesta porque Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, había exigido frenar la venta al colisionar con los intereses del Instituto de Empresa, entidad para la que trabajaba y que tenía presencia en el complejo.

Koldo García habría llevado incluso la oferta de Aldama al registro de la SEPI para que fuera sellada. Al comunicarle después que debía renunciar al negocio, le prometió que le «compensarían» con otras operaciones inmobiliarias similares.

El contrato entre Aldama y Platinum incluía, además, una cláusula de confidencialidad absoluta. El fondo de Hong Kong se comprometía a ofrecer garantías suficientes para asegurar los pagos pendientes. Las comisiones, según el documento, constituían «un elemento esencial» del acuerdo.