Obligatoriedad del catalán
El decreto de Salvador Illa que obliga a los Mossos a hablar en catalán acabará en los tribunales
El decreto de Salvador Illa que obliga a los Mossos a hablar en catalán acabará en los tribunales
Salvador Illa. Europa Press
Por Bárbara Saavedra
19 de diciembre de 2025

La asociación Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el artículo 37 del Decreto 269/2025 de la Generalidad de Cataluña, que regula la imagen corporativa de los Mossos. La entidad considera “muy grave” que esta norma establezca una preferencia lingüística en la atención a la ciudadanía, priorizando el uso del catalán.

Según explicó la asociación, el decreto publicado el 18 de diciembre en el Diario Oficial de la Generalidad excede su finalidad original. A su juicio, una regulación sobre imagen institucional no debería servir para introducir una normativa lingüística de carácter estructural, que además contradice el principio de cooficialidad recogido en el artículo 3 de la Constitución.

El artículo 37 define el catalán como lengua propia y habitual de trabajo y de relación con los ciudadanos; Impulso Ciudadano sostiene que esta formulación desconoce la condición de lengua oficial del castellano en la Administración y vulnera los derechos lingüísticos de los propios agentes, que pueden utilizar cualquiera de las lenguas oficiales.

La entidad subraya que no se trata de una cuestión organizativa menor, sino de una decisión con efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios. En este sentido, considera que la preferencia lingüística impuesta es incompatible con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Impulso Ciudadano recordó que el TSJC ya ha anulado en el pasado normas que imponían el catalán como lengua única de uso administrativo, al entender que relegaban el castellano a una posición subordinada. A su juicio, esa misma situación se reproduce ahora con el nuevo decreto aplicado a los Mossos d’Esquadra.

Por último, la asociación expresó su preocupación por que esta regulación afecte a un cuerpo policial, donde la neutralidad institucional debe ser prioritaria. Por ello, acudirá a los tribunales para solicitar la anulación del precepto impugnado, defendiendo que la lengua no debe utilizarse como instrumento de exclusión desde la Administración.

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