no se ha limitado a los descendientes de exiliados
El nuevo embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui.
Por LGI
30 de julio de 2026
El embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde, ha reconocido que la aplicación de la llamada «ley de nietos» «lejos de ser restrictiva, fue expansiva». La interpretación impulsada por el Gobierno ha permitido solicitar la nacionalidad española a descendientes de emigrantes que abandonaron el país por cualquier motivo y no sólo a los familiares de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo.
«Ha habido una interpretación extensiva del espíritu de la norma, que se ha abierto de lo que es el exilio estricto, en el marco de la memoria democrática, a una concepción más general, más generosa, de aquellas personas que, por diferentes motivos, incluido el exilio, sufrieron la necesidad de abandonar su país», declaró De Arístegui en una entrevista concedida en enero a Radio Mitre. «No ha sido restrictivo, sino que ha sido expansivo», insistió.
La admisión del diplomático confirma la ampliación del alcance de una norma que, según su redacción, debía beneficiar a los descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación e identidad sexual.
Sin embargo, una instrucción firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, extendió el acceso a la nacionalidad más allá de esos supuestos. El documento fue aprobado pocos días después de que el Congreso sacara adelante la Ley de Memoria Democrática en 2022 con el apoyo de Bildu.
La instrucción ha permitido obtener el pasaporte español incluso a tataranietos de personas que emigraron a finales del siglo XIX, según detalló Okdiario. El criterio elimina en la práctica la obligación de demostrar que el ascendiente abandonó España por motivos vinculados al exilio.
La Ley de Memoria Democrática establece que podrán optar a la nacionalidad «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».
La instrucción de Puente separó ambos supuestos y reconoció el derecho tanto a los descendientes de españoles como a aquellos cuyos familiares sufrieron el exilio. De esta forma, convirtió el parentesco en una vía suficiente para acceder a la nacionalidad, aunque no se acreditara por qué el antepasado había salido del país.
Puente justificó esta ampliación como «una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley». La decisión ha terminado en los tribunales: la semana pasada, un juzgado de Madrid acordó abrir diligencias preliminares contra ella por un posible delito de prevaricación.
El embajador también reconoció el papel desempeñado por las legaciones españolas para facilitar la aplicación de este criterio. «La gestión de los consulados en Argentina ha sido una gestión orientada también hacia la extensión», afirmó.
De Arístegui señaló que, aunque se trata de «una ley para abuelas y abuelos», su aplicación se diseñó para «favorecer a las personas, a las familias». También admitió la existencia de supuestos para bisabuelos y bisnietos y aseguró que «el compromiso del Gobierno de España» era contar con «una ley generosa».
2,6 millones de solicitudes y medio millón de expedientes aprobados
La ampliación ha provocado una avalancha de peticiones. Según los últimos datos citados por el citado medio, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española y más de medio millón de expedientes ya han sido aprobados.
Argentina concentra el mayor volumen, con alrededor de un millón de solicitudes. De ellas, unas 650.000 corresponden a Buenos Aires. Los consulados han llegado a organizar actos masivos de jura de nacionalidad con más de un millar de participantes.
La dirigente del PSOE en Argentina Lorena Suárez ya celebró en octubre de 2023 los efectos de la instrucción. «Quedaron muy pocos afuera, entraron los nietos, bisnietos, no hay que demostrar razones de ningún tipo, basta con que tengas un lazo de sangre y puedas demostrarlo», declaró en una entrevista radiofónica.
Sus palabras mostraban que la ampliación no se limitaba a resolver casos excepcionales, sino que perseguía reducir al mínimo los requisitos para incorporar a nuevos solicitantes.
La ampliación del censo despierta sospechas por su impacto electoral
La concesión masiva de nacionalidades también implica la incorporación de cientos de miles de personas al censo electoral español. El asunto ha despertado dudas sobre el municipio en el que quedan inscritos los nuevos nacionales y, por tanto, sobre la circunscripción en la que podrán votar.
La Junta Electoral Central ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe para conocer cómo se determina el municipio de inscripción de los beneficiarios. El organismo ha advertido de que cada asignación deberá estar «suficientemente motivada».
Los nuevos españoles pueden indicar una circunscripción alegando su arraigo o el de alguno de sus ascendientes. Cuando no expresan ninguna preferencia, aseguran que los consulados asignan Madrid «de oficio».
El efecto político ya se ha reflejado en las urnas. En los cuatro últimos procesos electorales celebrados en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PSOE fue la fuerza más votada entre los electores residentes en el extranjero.
La interpretación «expansiva» reconocida por el propio embajador confirma así que el Gobierno ha llevado la Ley de Nietos mucho más allá de los descendientes del exilio contemplados en su formulación original, con consecuencias directas sobre la concesión de nacionalidades y la composición futura del censo electoral.