La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Washington atraviesa un momento delicado y Estados Unidos dispone de herramientas económicas capaces de ejercer presión sobre España. Más allá de la posibilidad de imponer aranceles, la Casa Blanca controla una parte significativa del suministro energético español y podría utilizar esa posición si las tensiones políticas entre ambos países continúan aumentando.

Estados Unidos se consolidó en 2024 como el segundo mayor proveedor de gas para España. Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el país norteamericano suministró 111.696 GWh, sólo por detrás de Argelia, que envió 128.502 GWh y concentró el 34% del total importado. Rusia, por su parte, cayó al tercer puesto con 42.629 GWh, muy por debajo de los 72.360 GWh registrados el año anterior.

Esta dependencia energética concede a Washington una capacidad de influencia notable sobre el mercado español. Fuentes empresariales consultadas por El Debate admiten que Estados Unidos podría «complicarnos mucho la vida si quiere», aludiendo no sólo al suministro energético sino también a posibles obstáculos administrativos o regulatorios que podrían afectar a empresas españolas con presencia en el país.

A diferencia de los aranceles comerciales, que podrían provocar una respuesta de la Unión Europea mediante el llamado instrumento anti-coerción aprobado a finales de 2023, una presión vinculada al suministro de gas resultaría más difícil de responder y tendría un efecto más inmediato sobre la economía.

El comercio de gas se articula mediante contratos entre empresas privadas. Sin embargo, el contexto energético europeo ha cambiado de forma significativa. Las compras de gas ruso han quedado prácticamente descartadas tras las decisiones adoptadas por Bruselas. Desde el 25 de abril no se podrán firmar nuevos contratos con Rusia y los acuerdos existentes deberán finalizar en 2027.

Al mismo tiempo, la búsqueda de alternativas en Oriente Medio resulta compleja debido a la situación geopolítica de la región. En la actualidad, apenas el 2% del gas consumido en España procede de esa zona, lo que limita la capacidad de diversificar el abastecimiento en el corto plazo.

Un encarecimiento del gas tendría efectos directos sobre la economía española. Este combustible no sólo se utiliza para la calefacción doméstica, sino también para procesos industriales y para la generación de electricidad. De hecho, la reciente subida de los precios del gas ya se ha trasladado a la factura eléctrica.

Las tensiones comerciales con Estados Unidos también podrían generar incertidumbre para varias empresas españolas con actividad en el mercado norteamericano. Un informe de UBS advierte de que una escalada en el conflicto afectaría a una veintena de compañías con exportaciones o inversiones relevantes en ese país.

Entre las empresas con mayor exposición como exportadoras figuran Acerinox, Grifols, Ebro Foods y Ferroglobe. Además, compañías como Meliá, Fluidra, OHL, Ferrovial, Deoleo, Global Dominio, Tubacex o Puig mantienen una presencia significativa en América del Norte.

El análisis también señala inversiones directas de grandes grupos españoles en Estados Unidos, entre ellos Iberdrola, Repsol, Ferrovial, ACS y Santander. Precisamente la entidad financiera presidida por Ana Botín mantiene abierta una operación para adquirir Webster Bank por 10.160 millones de euros, una transacción que algunos analistas consideran vulnerable a posibles trabas regulatorias si las relaciones políticas se deterioran.

Algunas decisiones empresariales ya reflejan el clima de cautela. Dcoop, el mayor productor de aceite de oliva del mundo, ha decidido aplazar la compra de su filial estadounidense Pompeian.

Las principales organizaciones empresariales han pedido al Ejecutivo que rebaje la tensión. Tanto la CEOE como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España han reclamado una relación más estable entre ambos países.