Como si nos hubiéramos dormido una noche de 2026 y despertado en 2011, la Puerta del Sol volvió a ser sembrada de acampantes. Vaya uno a saber si este acampe repetirá los resultados de su predecesor. Se podría arriesgar aquello de Marx, primero como tragedia y después como farsa, pero si el de 2011 ya fue la farsa, al pobre Marx no le quedó categoría para este aquelarre.
El estandarte del acampe es la ahora famosísima Maricarmen, que salió escenográficamente en silla de ruedas del piso que ocupaba cuando la desalojaron, pero ahora anda caminando de lo lindo, otra que Lázaro. La señora logró que un real decreto se conozca con su nombre y que ese decreto desate un tembladeral dentro del gobierno español, lo que no es poco para alguien cuyo mérito fue vivir de arriba con el contrato extinguido. Se las apañó por años para exprimir al sistema y a los propietarios surfeando instancias, recursos y apelaciones, hasta que el Supremo le falló en contra. Jugó al póker con el tiempo, y el tiempo, que no apela, terminó cobrándose la mano. Su caso se convirtió en bandera de toda la izquierda, que exige congelar los alquileres, frenar los desahucios y castigar la propiedad privada.
Maricarmen no fue víctima del mercado, fue más bien un lince en la selva regulatoria, beneficiaria del experimento de control de rentas más largo de la España contemporánea: la prórroga forzosa consagrada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1946. Los acampados piden, para curar la herida, una dosis nueva de lo que la causó.
Pero con todo lo vistoso que sea el caso Maricarmen, el problema no es ni nuevo ni español. Cada generación redescubre la idea mágica de poner topes a los precios como si fuera inédita y audaz, y cada generación paga la factura un poco más tarde, cuando ya nadie recuerda quién la implementó. A esa costumbre de pedir que la realidad se ajuste al deseo por decreto, sin preguntarse qué hará la gente cuando cambien sus incentivos, la llamaremos: infantilismo habitacional.
Un error de miles de años
El fracaso acumula siglos. En plena guerra civil contra Pompeyo, en el 48 a. C., Julio César condonó durante un año las rentas de la ciudad hasta 2.000 sestercios anuales, y las del resto de Italia hasta 500. Octavio repitió la jugada en el 41 a. C. El historiador del derecho Bruce Frier, en su estudio clásico sobre el mercado de alquiler romano, deja claro lo que vino después: las condonaciones fueron golpes de efecto en contextos revolucionarios, no sumaron una sola ínsula al parque de la ciudad, y los alquileres de Roma siguieron siendo, según todas las fuentes de la época, exorbitantes, con subidas desorbitadas a lo largo del Imperio. Los propietarios, como recoge Cicerón, recibieron aquellas medidas con indignación. Tres siglos después, entre 253 y 260, Valeriano y Galieno lo intentaron por otra vía y prohibieron subir el alquiler mientras durara el contrato. La respuesta fue la previsible: los dueños empezaron a firmar contratos muy cortos, y el inquilino al que se quería proteger perdió justamente la estabilidad.
El economista Konstantin Kholodilin, del instituto alemán DIW, acaba de publicar en Cliometrica el inventario más completo de estos episodios anteriores al siglo XX. Contabiliza 62. Hay rentas «justas» fijadas por comisiones para estudiantes en Oxford, París, Bolonia o Salamanca; congelaciones en Lisboa tras el terremoto de 1755; rebajas forzosas en el París sitiado de la Liga y de la Fronda. Kholodilin recoge que los dueños, con ingresos menguantes, dejaron de mantener los edificios, que acabaron en ruina, a veces con consecuencias mortales. Y España tiene su propio récord: tras el traslado de la corte, Madrid vivió con alquileres tasados desde 1564 hasta 1842. Catorce normas en casi tres siglos, con revisiones de renta que pasaron de anuales a cuatrienales y luego a decenales.
El siglo XX convirtió el control de alquileres en política de masas. El Reino Unido introdujo en 1915, por la guerra, un tope que congelaba los alquileres al nivel de agosto de 1914 y que debía expirar seis meses después del armisticio. Duró, con idas y vueltas, hasta enero de 1989. Según el propio informe de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, el alquiler privado pasó de ser nueve de cada diez viviendas en 1915 a una de cada diez en 1991. Entre 1951 y 1961, con las rentas congeladas al nivel de 1939, el sector cayó del 45% al 25% del parque. El informe recoge que el control se señala de forma generalizada como una de las causas, por la relación directa entre rentabilidad recortada e inversión desaparecida. Cuando la Housing Act de 1988 liberó los contratos nuevos, el alquiler privado volvió a crecer hasta convertirse en el segundo régimen de tenencia del país.
España siguió el mismo guion con la LAU de 1946: rentas prácticamente congeladas, contratos heredables y un parque de alquiler raquítico y envejecido. Hicieron falta el decreto de 1985 y la LAU de 1994 para empezar a desmontarlo, y treinta años de goteo. Maricarmen es el último eslabón de esa cadena.
El presente ofrece un experimento natural a escala continental. Entre 2015 y 2023 Alemania, Francia, Irlanda y España introdujeron frenos al alquiler, y entre 2024 y 2025 Austria y Países Bajos endurecieron los suyos. Hoy no hay una sola gran capital europea con control de rentas que pueda presentarse como modelo: de Estocolmo a Dublín, de Berlín a Edimburgo, el mapa es una colección de mercados bloqueados, colas interminables y gobiernos que rectifican a medias.
Berlín aprobó en 2015 su freno a los alquileres y en 2020 fue más allá con una congelación de cinco años a 9,8 euros por metro cuadrado, que el Constitucional alemán anuló un año después. París y Lille ensayaron la ley Alur, tumbada por los tribunales en 2017: la oferta cayó un 15% y uno de cada tres pisos seguía por encima del tope. Macron la resucitó con la ley Elan, que permite a los ayuntamientos limitar las rentas y multar al infractor. Estocolmo, que regula los alquileres desde la posguerra, tiene la cola de vivienda más famosa de Europa. Irlanda, Escocia y Países Bajos se sumaron después, y los resultados se parecen demasiado entre sí como para no atribuirlos a los factores comunes.
Berlín es el caso de manual porque se ha estudiado con lupa. Un trabajo de la Universidad de Economía de Viena confirmó que el tope bajó las rentas de los pisos regulados entre un 7% y un 11%, que es exactamente lo que prometían sus defensores, pero también que la oferta en las zonas intervenidas se desplomó y que quien buscaba piso tuvo que irse a Potsdam o a otros municipios vecinos. Es decir, el control abarató la vivienda de quien ya la tenía y la encareció, o directamente la hizo desaparecer, para quien la buscaba.
Países Bajos es el ejemplo más fresco y el más instructivo para Madrid. La ley de alquiler asequible extendió el sistema que ya condicionaba la mayor parte del mercado, hasta abarcar casi todo el parque, con multas privativas para el infractor. La reacción fue de libro: los propietarios se apuraron a sacarse el problema de encima vendiendo o cerrando el lugar. Según el Registro de la Propiedad neerlandés, los dueños particulares vendieron 15.800 viviendas sólo en el tercer trimestre de 2025, un 37% más que un año antes, y la proporción de vivienda en manos de inversores cayó del 9,4% al 9,1% en dos años. Cada piso vendido a un comprador que lo habita es un piso que sale del alquiler para siempre. El Gobierno de La Haya, menos de dos años después, ya ha anunciado que relajará la norma para frenar la sangría. La rectificación llega tarde.
La letra pequeña del caso neerlandés merece atención porque muchos de los acampantes maricarmenistas ponen al modelo holandés como la panacea. Según el Ministerio de Vivienda de La Haya, citado por Bloomberg, antes de la ley los controles ya alcanzaban a cuatro de cada cinco de los tres millones de pisos de alquiler del país; la reforma los extendió al 96%. Unos 2,5 millones de viviendas quedaron con un techo de 880 euros mensuales para hogares de rentas bajas, y el resto con un máximo de alrededor de 1.160. La norma prohibió además los contratos temporales: todos pasan a ser indefinidos. El país necesita unas 100.000 viviendas nuevas al año y en la última década se ha quedado, año tras año, un tercio por debajo de esa cifra.
La reacción de los inversores fue la de cualquiera que no quiere ser robado. El fondo sueco Heimstaden, dueño de 13.500 pisos en Países Bajos, puso a la venta buena parte de esos inmuebles. La aseguradora ASR, con unos 15.000 pisos que pasaron casi en bloque al segmento regulado el 1 de julio de 2024, abandonó sus planes de comprar más vivienda en alquiler y anunció que buscaría otras categorías de inversión. Los pisos que salieron del alquiler fueron a la venta y calentaron ese otro mercado: en el segundo trimestre de 2024 el precio medio de compra subió un 7,2% en un solo trimestre, hasta 468.000 euros, el mayor salto en casi treinta años según la patronal NVM. La consultora Calcasa calculó que comprar una vivienda media exige ya ingresos de al menos 95.000 euros anuales, más del doble del sueldo medio. El control no sólo no abarató el alquiler: encareció también la compra y dejó a la clase media sin ninguna de las dos puertas.
Y queda la tercera puerta, la que los defensores del modelo suelen presentar como ejemplo: la vivienda social. Países Bajos tiene el mayor parque social de Europa, unos 2,4 millones de pisos gestionados por asociaciones sin ánimo de lucro, las woningcorporaties. Pero en ese sistema el inquilino nunca accede a la propiedad: alquila de por vida a una entidad semipública, siempre que antes consiga entrar. Según un análisis de la televisión pública NOS, la espera media nacional supera los siete años, con unos once en Utrecht y hasta diecinueve en Amstelveen o Haarlemmermeer. El último balance del Ayuntamiento de Ámsterdam, publicado en mayo de 2026, la sitúa en 9,8 años en la capital, y lo presenta como una mejora. En la región de Leiden, cada anuncio de piso social recibió de media 370 solicitudes en 2025, con unos 169.000 inscritos en la lista. Ser inquilino perpetuo como ideal social ya es bastante malo, y aun así hay que hacer cola una década para conseguirlo.
Irlanda y Escocia se suman al trágico panorama. Dublín introdujo en 2016 sus zonas de presión de rentas y en 2021 rebajó el tope al 2% anual. El economista Ronan Lyons, del Trinity College, calcula que Irlanda captaba antes más del 15% de la inversión en vivienda de alquiler destinada a Reino Unido e Irlanda y que esa cuota cayó por debajo del 4%. Según la asociación de propietarios, los contratos registrados pasaron de 308.786 en 2022 a 264.235 en 2023, y el Gobierno tuvo que reformar el sistema en 2025, liberando las promociones nuevas del tope del 2%. Escocia congeló las rentas en septiembre de 2022: en el primer trimestre de la congelación, los alquileres de los contratos nuevos subieron un 11,9% anualizado, un récord en dieciséis años de datos de Citylets, y las subidas de dos dígitos se repitieron durante cuatro trimestres seguidos. La patronal inmobiliaria denunció proyectos de construcción para alquiler paralizados. El propietario, impedido de subir al inquilino que ya tiene, se cobra por adelantado con el siguiente.
En Nueva York, con la ley de 2019, una mejora individual en un piso estabilizado sólo puede repercutir en una subida del alquiler mensual, con un límite de gasto reconocido de 15.000 dólares cada quince años. Un propietario del Upper West Side calculaba ante las cámaras que tardaría unos 180 años en recuperar los 200.000 dólares necesarios para rehabilitar un piso ocupado por el mismo inquilino desde 1969. Resultado: el piso se cierra. Multiplíquese por decenas de miles, entre 20.000 y 60.000 pisos estabilizados vacíos según las estimaciones, y se obtiene una ciudad con una tasa de vacancia del 1,4% y pisos vacíos a la vez.
No es la primera vez que la ciudad se rompe por lo mismo. Nueva York controla alquileres desde 1943, cuando el tope llegó como medida de guerra y, igual que en Londres, se quedó para siempre. En los sesenta y setenta el resultado fue una catástrofe a la vista de todos. Entre 1965 y 1968 la ciudad perdió 100.000 viviendas por abandono, y los edificios abandonados pasaron de unos 1.000 en 1961 a 7.000 en 1968. En los setenta la calefacción se encareció un 430% mientras las rentas apenas se movían: los propietarios dejaron de pagar impuestos y entregaron las llaves, la ciudad llegó a perder unas 40.000 viviendas al año por abandono y terminó quedándose con más de 60.000 pisos en edificios vacíos y otros 40.000 en edificios a medio habitar. El Bronx perdió uno de cada cinco pisos entre 1970 y 1981, entre el abandono y los incendios, y en siete distritos censales del Bronx desapareció más del 97% de los edificios. Los pisos estabilizados que hoy están cerrados son la versión en cámara lenta de aquel derrumbe.
Venezuela mostró hace ya una década adónde lleva la protección sin límite del inquilino. Según la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, la congelación de alquileres decretada por el chavismo en 2003 recortó la oferta un 25%, y cada vuelta de tuerca posterior la redujo más. La ley de 2011 contra los desalojos remató el mercado: ninguna sentencia de desahucio podía ejecutarse sin que el Estado garantizara antes otra vivienda al inquilino, algo que tardaba años o no llegaba nunca. En 2015, la asociación de propietarios calculaba que el 99% de los dueños prefería no alquilar, y los pocos pisos anunciados en Caracas pedían decenas de veces el salario mínimo. La protección absoluta del inquilino terminó con el inquilino como figura.
Por qué el control de alquileres fracasa siempre: seis mecanismos
Que una política fracase en todo tiempo y lugar no es casualidad ni conspiración de propietarios. Es simplemente un tema de incentivos.
-El precio es una señal, no un capricho. Cuando el alquiler sube, el mercado está diciendo que faltan viviendas y que es buena idea construir, rehabilitar o poner en alquiler un piso vacío porque hay demanda. Congelar el precio por decreto es apagar la alarma de incendios. El fuego sigue ahí; solo deja de convocar a los bomberos. En un país con un déficit de cientos de miles de viviendas, el tope envía justo el mensaje contrario al que se necesita: no construyas, no rehabilites, no alquiles. Nadie en su sano juicio invierte el dinero que no va a recuperar, lo que nos lleva al segundo punto.
-Quien no puede cobrar, no mantiene. La renta paga el mantenimiento de lo que se ve y lo que no: cañerías, sistemas eléctricos, pintura, controles de plagas, ascensores, servicios varios, etc. Si el ingreso queda congelado, el mantenimiento también. El control de alquileres no es un subsidio que pague el Estado; es un impuesto oculto sobre el edificio, y el edificio lo paga envejeciendo.
-El propietario no es un rehén ni un esclavo, buscará siempre una vía de escape. Las leyes de control suelen redactarse con los pies, como una carta a Papá Noel, como si el propietario fuese a quedarse quietito y resignado. Nunca ocurre, ningún humano se mete de cabeza en una situación desfavorable. En consecuencia vende, deja el piso vacío, lo pasa al alquiler turístico o simplemente busca otro rubro u otro lugar para su inversión. La oferta no se reparte: se evapora.
-Proteger a unos pocos cierra la puerta a muchos. El control divide a la población en dos: los que están adentro (la pícara Maricarmen) y los que quieren entrar (cientos de miles de jóvenes, familias con niños, etc). Los primeros ganan; los segundos, que son la masa crítica que describe la crisis, pierden.
-Cuanto más rígido el contrato, más exigente el propietario. Si un impago tarda años en resolverse y no se puede recuperar la vivienda, el propietario que sigue alquilando elegirá al inquilino más seguro: el que tenga un buen trabajo, una cuenta bancaria que sea garantía; en fin, que nadie cuerdo le alquilaría a un “vulnerable”: jamás va a elegir ancianos, madres solteras, familias numerosas, gente con bajos ingresos, con discapacidades o con cualquier condición que determine que no va a poder sacar usufructo de su inversión. La norma pensada para el vulnerable termina filtrándolo en la puerta.
-El control crea guetos. Este es el efecto más salvaje. Un edificio con rentas congeladas no se rehabilita, no atrae nuevos vecinos y no se renueva: se fosiliza. En Cambridge, Massachusetts, los economistas David Autor, Christopher Palmer y Parag Pathak midieron el fenómeno con precisión cuando un referéndum eliminó por sorpresa el control de rentas en 1995. La desregulación añadió unos 1.800 millones de dólares al valor del parque de vivienda de la ciudad en la década siguiente, casi una cuarta parte de toda su revalorización. Más de la mitad de esa ganancia la obtuvieron edificios que nunca habían estado controlados: tener pisos de renta congelada al lado degradaba el barrio entero. El control no sólo deteriora el piso; arrastra al vecindario.
España: crónica de un empeoramiento anunciado
El inefable gobierno de Pedro Sánchez no ha tardado en recoger la pancarta, en un extraño caso de protesta contra sí mismo. Lo publicado en el BOE tras la acampada significaba la pena de muerte para el mercado del alquiler. Más allá de lo que ocurra en adelante con Pedro Sánchez y su campamento de delirantes, sólo que haya existido un planteo como el redactado por el gobierno indica un feroz desprecio a los derechos de propiedad, un desconocimiento temerario de las leyes y sobre todo de la condición humana. Que además sea pensado, escrito y defendido por personas con varias propiedades agrega un alarde de hipocresía difícil de igualar, incluso para el sanchismo.
Todo esto cae sobre un mercado que ya muestra las heridas de la intervención anterior. Según un estudio de Idealista publicado en marzo, la oferta de alquiler en España es un 61% más baja que a cierre de 2020, las rentas son un 40% más caras y la competencia por cada piso se ha multiplicado casi por seis. En Barcelona, la ciudad que primero declaró zonas tensionadas, nueve de cada diez pisos que había en el mercado en 2020 ya no están disponibles, y los precios han subido un 63%; en Madrid la oferta ha caído en picada. España no es un caso nuevo de laboratorio: es Berlín y Ámsterdam con unos años de retraso y menos margen, porque su déficit de vivienda se cuenta ya en cientos de miles de unidades y su población crece a un ritmo que ninguna ley de topes puede alojar.
Con el manual europeo en la mano, y salga como salga esta cortina de humo que es el acampe y sus exóticos protagonistas, queda claro que una parte importante de los políticos y del electorado no entiende los principios más básicos que determinan el fracaso del control de alquileres y de los incentivos negativos para cualquier inversión. Lo que propone resultaría en un desastre bastante previsible:
-Menos pisos en alquiler. El pequeño propietario, que en España domina el mercado, tiene dos salidas razonables: vender o cerrar. Muchos elegirán la primera mientras los precios de compraventa sigan altos. Cada venta a un comprador que lo habita es un piso que no vuelve al alquiler.
-Más selección y más exclusión. Con el espectáculo montado por Maricarmen y sus secuaces, y la demonización de la empresa que es propietaria legítima de la casa ocupada, el propietario que siga alquilando pedirá cada vez más garantías y adelantos.
-Más economía sumergida. Contratos de temporada encadenados, pagos en negro y pisos que nunca se publican en un portal. El precio oficial bajará en las estadísticas mientras el real, el que se paga por debajo de la mesa, sube.
-Menos inversión. Los fondos, empresas y privados que habían empezado a construir para alquilar, harán números y evaluarán la inseguridad jurídica que significa que cada vez que un político está en apuros saque a relucir un Decreto Maricarmen que rompe por completo el mercado.
-Un parque que envejece. Con el panorama anterior, la rehabilitación integral queda aplazada sin fecha.
Lo más grave es el «temporal para siempre». La prórroga de los desahucios ya iba a ser temporal en 2020. La congelación británica de 1915 iba a durar seis meses tras la guerra. La tasa madrileña de 1564 iba a corregir un desajuste puntual. Nada en la historia del control de alquileres es tan permanente como lo provisional, y nada genera más demanda de nuevas intervenciones que el fracaso de la anterior. La norma de hoy es la semilla de la próxima acampada.
El infantilismo habitacional no consiste en preocuparse por la vivienda. Consiste en creer que un bien escaso se vuelve abundante prohibiendo que su precio lo diga, y en culpar al propietario de la escasez que la propia regulación fabrica. La salida es menos vistosa que una acampada circense y mucho más eficaz: ampliar el suelo urbanizable, agilizar las licencias de construcción, tener normas constructivas estables, quitar impuestos sobre la compraventa y la obra nueva, y dar seguridad jurídica para el que invierte.
Visto con dos mil años de perspectiva, el decreto Maricarmen es apenas otro ladrillo en la pared. Lo verdaderamente intrigante es por qué, con tanta evidencia acumulada, se sigue cayendo en el pensamiento mágico. A pesar de que se sabe que es un manotazo de ahogado sin ninguna posibilidad de éxito, el precio de mercado se sigue viendo como una ofensa y el decreto como una salvación, aun cuando el primero esté avisando de una escasez y el segundo sólo la esconda. El infantilismo habitacional tiene miles y miles de años y a pesar de sus fracasos no se ha jubilado todavía.