La inmigración pakistaní cada vez tiene un mayor control sobre Barcelona. Se trata de un fenómeno complejo que combina crecimiento demográfico, concentración territorial, emprendimiento intensivo y una sucesión de investigaciones policiales y judiciales que han situado a esta comunidad en el centro del debate público.

Según datos demográficos manejados por distintas administraciones y avanzados por @b_bbirddd en X, en España residen en torno a 100.000 ciudadanos de origen pakistaní, de los cuales aproximadamente la mitad se concentran en Barcelona y su área metropolitana. Otras ciudades como Valencia, Alicante, Tarragona y Madrid reúnen porcentajes menores, aunque significativos. Esta fuerte implantación en la capital catalana se refleja también en la vida política local: en las primarias del Partido Socialista de Cataluña en Barcelona, fuentes internas del partido admiten que una parte muy relevante del apoyo a Jaume Collboni procedió de votantes de origen pakistaní —en torno al 70%—, un dato que ha sido utilizado tanto para subrayar su capacidad de movilización como para alimentar la polémica.

En el plano económico, la presencia pakistaní se articula principalmente a través de pequeños negocios, sobre todo comercios de alimentación y electrónica, que representan en torno al 60% de los establecimientos regentados por miembros de esta comunidad en Barcelona. La mayoría de estos locales funcionan en régimen de alquiler y, según fuentes municipales y sindicales, una proporción muy elevada emplea a trabajadores del mismo origen, en muchos casos familiares o conocidos. En torno a ocho de cada diez establecimientos cuentan con empleados, y en la gran mayoría de los casos estos también son pakistaníes.

Diversos informes policiales y actuaciones de la Inspección de Trabajo han puesto el foco en prácticas irregulares que, según los investigadores, permiten abaratar costes y aumentar márgenes de beneficio. Entre ellas figuran el empleo de personas en situación administrativa irregular, lo que supondría un ahorro fiscal considerable por trabajador, y la creación sucesiva de sociedades para eludir obligaciones tributarias. Las autoridades señalan que la financiación inicial de algunos de estos negocios no procede de la banca tradicional, un extremo que está siendo analizado en distintas causas abiertas.

En el ámbito de la distribución, fuentes del sector explican que parte de los productos electrónicos vendidos en estos comercios procede de importaciones de bajo coste desde Asia, mientras que en el caso de la alimentación se han detectado circuitos de compra de productos próximos a su fecha de caducidad o de menor calidad adquiridos en grandes almacenes europeos. Estas prácticas, aunque no siempre ilegales, generan una competencia muy agresiva que comerciantes tradicionales consideran imposible de igualar.

La cuestión migratoria es otro de los ejes del debate. Según investigaciones policiales, una parte de los trabajadores llega a España mediante la reagrupación familiar, a veces a través de documentación presuntamente falsa que simula vínculos familiares inexistentes. Otras rutas incluyen entradas irregulares por vía marítima o desplazamientos desde otros países europeos. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han detectado también llegadas a través de Canarias.

Las autoridades han desmantelado recientemente varias tramas relacionadas con este fenómeno. En Aragón, se detuvo a un grupo que presuntamente captaba personas en Pakistán, les generaba una deuda por el viaje y las obligaba a trabajar en condiciones irregulares en la construcción. En Barcelona y otros municipios catalanes, los Mossos d’Esquadra han actuado contra redes empresariales en las que, según los atestados, se retenía a personas en trastiendas y almacenes en condiciones de semiesclavitud. También este mismo mes se produjo la detención de dos policías y una concejala de un municipio barcelonés acusados de cobrar comisiones a cambio de facilitar permisos de residencia irregulares a ciudadanos pakistaníes.

El historial de actuaciones policiales incluye asimismo operaciones contra redes de falsificación de billetes y documentación, así como expulsiones de ciudadanos pakistaníes vinculados a células islamistas desde 2004. En 2010, por ejemplo, una operación se saldó con la detención de una docena de personas acusadas de robar y falsificar pasaportes para organizaciones afines a Al Qaeda.

En el terreno social, uno de los asuntos más delicados es el de los matrimonios forzados. Entre 2010 y 2019, sólo en Cataluña, los Mossos d’Esquadra intervinieron en unos 150 casos, muchos de ellos relacionados con jóvenes de origen pakistaní. La magnitud del problema llevó a la creación de un protocolo específico de detección y prevención. Casos especialmente graves, como el asesinato de dos hermanas criadas en Terrassa durante una visita a Pakistán en lo que se consideró un «crimen de honor», marcaron un punto de inflexión en la percepción pública del fenómeno.

Fuentes policiales y de servicios sociales advierten de que el matrimonio forzado se utiliza en algunos casos como vía para introducir a trabajadores irregulares en España, dado que las opciones legales de migración laboral desde Pakistán son muy limitadas. Este entramado, que combina factores económicos, culturales y legales, ha convertido a la inmigración pakistaní en Barcelona en un asunto de creciente interés informativo y político, con implicaciones que van mucho más allá de un único barrio o sector económico.