El Gobierno de Canarias ha alcanzado por primera vez un gasto trimestral de más de tres millones de euros para cubrir la representación legal, desplazamientos, atención y otros servicios para inmigrantes ilegales que llegan a las islas, según informó la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto, y adelantó el diario TiempodeCanarias. De acuerdo con Barreto, se espera que para finales de año la consejería registre un déficit aproximado de nueve millones de euros por encima de lo presupuestado para el área de extranjería, dedicada en gran parte a la gestión de la avalancha migratoria.
«El presupuesto previsto, aunque ya se había incrementado debido al aumento esperado en temas migratorios, ha resultado insuficiente», indicó Barreto, quien señaló que el balance total de gasto será visible cuando se finalice el pago correspondiente al último trimestre del año. A este respecto, la consejera destacó que el gasto desbordado se debe especialmente a la atención migratoria, y que los fondos utilizados sólo cubren las acciones realizadas por la consejería de Justicia para afrontar la situación de los inmigrantes ilegales.
Ante el incremento de los cayucos que llegan a las costas, la consejería ha tenido que acudir al Consejo de Gobierno para evitar recurrir de forma reiterada al abono de los tres millones de euros que se destinan trimestralmente al Colegio de Abogados por los servicios de asistencia migratoria. En verano, la consejería también aprobó una modificación en la Orden que regula las tarifas del turno de extranjería, permitiendo una subida del baremo con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024 para incluir recursos de apelación, fortaleciendo así la seguridad jurídica de estos procesos.
En paralelo, en septiembre pasado, el Ejecutivo autonómico mantuvo una reunión con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para revisar varias demandas presentadas por este gremio, encargado de la defensa legal de los inmigrantes ilegales en zonas de llegada como la isla de El Hierro. Entre otros acuerdos, se aprobó un aumento en las tarifas para cubrir los costos de desplazamiento, alojamiento, billetes de transporte y otras necesidades, dado que, sin esta mejora, resultaba complejo asegurar una asistencia jurídica gratuita que cumpliese con las garantías requeridas.
