El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una transferencia extraordinaria de 22 millones de euros destinada a reforzar la acogida de menores migrantes no acompañados (MENAs) en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El objetivo de esta ayuda urgente es aliviar la presión sobre los sistemas de protección de estos territorios, que llevan más de un año operando por encima de su capacidad ante el aumento sostenido de llegadas.

El reparto de fondos, establecido en el Real Decreto 2/2025 asigna 8,5 millones a Canarias, 7 millones a Ceuta, 4,5 millones a Melilla y 2 millones a Baleares. Este esquema de distribución responde a criterios de emergencia humanitaria y tiene como eje central el realojo y la tutela de más de 3.000 menores actualmente bajo la responsabilidad de estas regiones, según el plan elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia.

La ministra Sira Rego ha subrayado que esta asignación extraordinaria responde al “enorme esfuerzo logístico y presupuestario” que asumen las zonas de entrada de estos menores. En declaraciones, ha insistido en que el Gobierno mantiene su “firme compromiso con los territorios frontera”, y ha recalcado que estos fondos buscan “garantizar los derechos y el bienestar de los niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad”.

La partida económica ha sido ratificada el pasado 27 de junio en la Conferencia Sectorial de Infancia, tras intensas negociaciones con los responsables autonómicos del área. Este jueves está prevista una nueva reunión, también presidida por Rego, donde se discutirá el modelo de financiación a largo plazo y el reparto de cupos por comunidad autónoma.

La saturación de los centros de acogida en los puntos calientes de entrada ante la invasión migratoria alentada por el bipartidismo ha sido una constante en los últimos meses, con regiones como Canarias o Ceuta advirtiendo de que se encuentran al límite de sus capacidades. El plan del Gobierno busca descomprimir estas situaciones mediante traslados ordenados y una redistribución más equitativa de recursos, aunque la resistencia de ciertos gobiernos autonómicos podría dificultar su puesta en marcha a corto plazo.