reconoce la «permanencia temporal indeterminada» en Ceuta de un elevado número de inmigrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional.
Por LGI
25 de agosto de 2026
El Gobierno de Pedro Sánchez da ya por hecho que la crisis provocada por la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio no tendrá una solución a corto plazo. El decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros declara la «situación de interés para la Seguridad Nacional» en la ciudad autónoma y fija su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, cinco meses después de la entrada masiva. El propio texto permite, además, ampliar ese plazo.
La decisión llega 26 días después de la invasión, tras el Consejo de Seguridad Nacional presidido este martes por Sánchez y celebrado coincidiendo con el regreso del jefe del Ejecutivo de sus vacaciones en la Residencia de La Mareta, en Lanzarote.
El plazo establecido por el Gobierno revela la dimensión de una crisis que el Ejecutivo reconoce que ha desbordado los recursos ordinarios de la ciudad. Según el decreto, «la situación de interés para la Seguridad Nacional se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026».
La fecha, sin embargo, tampoco supone necesariamente el final del dispositivo. Antes de que expire el plazo, el presidente del Gobierno podrá acordar su prórroga, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.
El decreto contiene además un diagnóstico especialmente significativo sobre las consecuencias de la entrada masiva. El Ejecutivo reconoce la «permanencia temporal indeterminada» en Ceuta de «un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026».
El propio Gobierno admite que esa situación «está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas» y que ha terminado «superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana» de Ceuta.
La magnitud del problema obliga, según el Ejecutivo, a recurrir a una «intervención coordinada» de recursos estatales y locales. La declaración aprobada permite movilizar medios, personal, equipamiento e infraestructuras de distintas administraciones, incluso procedentes de territorios que no estén directamente afectados por la crisis.
Un mando único 26 días después
El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación de una «autoridad funcional» para coordinar la respuesta, una fórmula que en la práctica supone establecer un mando único para gestionar la crisis.
Al frente estará el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y en el dispositivo participarán distintos ministerios, la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta.
La medida llega casi cuatro semanas después de la entrada masiva del 30 de julio. Durante ese periodo, las distintas administraciones han tenido que afrontar la presión sobre los sistemas de acogida, asistencia y seguridad mientras el Gobierno central evitaba hasta ahora establecer esta estructura extraordinaria de coordinación.
La declaración de «situación de interés para la Seguridad Nacional» está prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, para escenarios que, por su gravedad y dimensión, requieren una actuación reforzada y coordinada del Estado. Permite organizar la aportación de recursos de las distintas administraciones y establecer mecanismos específicos de dirección y coordinación.
El decreto aprobado este martes supone así que la respuesta extraordinaria a la invasión del 30 de julio se prolongará durante todo lo que queda de 2026, salvo que el Gobierno acuerde levantar antes la declaración. Y deja abierta expresamente la posibilidad de que la crisis continúe bajo este régimen excepcional más allá del 31 de diciembre.