
La asociación Hablamos Español ha denunciado la creciente utilización de los centros educativos para promover campañas que no se limitan a enseñar o fomentar las lenguas cooficiales, sino que buscan modificar los hábitos lingüísticos de niños y adolescentes también fuera del ámbito escolar, según El Debate.
La entidad ha señalado especialmente al País Vasco, donde la campaña Euskaraldia cuenta con amplio respaldo institucional y se desarrolla en numerosos centros educativos con una finalidad declarada: transformar las costumbres lingüísticas de la ciudadanía.
Según Hablamos Español, estas iniciativas traspasan una línea fundamental. Una cosa es garantizar el conocimiento de las lenguas oficiales y otra muy distinta utilizar la escuela para orientar la lengua en la que los menores se relacionan con sus compañeros, sus profesores, sus familias o sus amigos.
Entre las actividades dirigidas al alumnado figura el denominado Mintzatratua, un mecanismo mediante el cual los menores asumirían compromisos de uso del euskera con compañeros, docentes y personal del centro. La iniciativa no se limita al horario lectivo ni al aprendizaje académico de la lengua.
Según denuncia Hablamos Español, este tipo de dinámicas pretende influir en la conducta lingüística habitual del alumno, extendiendo la presión al recreo, las relaciones informales y, en algunos casos, incluso a espacios ajenos al colegio. La asociación considera que el problema no está en enseñar euskera, sino en convertir la escuela en una herramienta para reeducar los usos personales de los menores y desplazar el español de su vida cotidiana.
Hablamos Español también ha puesto el foco en Galicia, donde la Junta impulsa el programa «21 días co galego e máis» en centros educativos. La iniciativa propone que los alumnos utilicen el gallego durante las 24 horas del día durante 21 días consecutivos, incluyendo sus relaciones familiares y sociales.
El propio programa persigue la creación de nuevos hablantes habituales, conocidos como neofalantes, es decir, alumnos que incorporen el gallego como lengua de uso permanente.
Aunque la asociación reconoce que las campañas del País Vasco y Galicia no son idénticas, sostiene que ambas comparten un mismo objetivo: influir en la lengua habitual utilizada por los menores dentro y fuera del colegio.
Hablamos Español subraya que las administraciones públicas tienen legitimidad para garantizar el conocimiento de las lenguas oficiales en las comunidades bilingües. Sin embargo, advierte de que esa función no debería convertirse en una intervención sobre la vida privada de los alumnos.
La entidad distingue entre aprender una lengua y orientar desde el poder público qué idioma debe utilizar un menor con su familia, sus amigos o su entorno social. «Existe una diferencia esencial entre promover el aprendizaje de una lengua y utilizar la escuela para orientar las decisiones personales de los alumnos sobre la lengua en la que desean relacionarse», sostiene la asociación.
Para Hablamos Español, las campañas institucionales no deberían convertir a los niños en instrumentos de una política lingüística dirigida a transformar costumbres familiares y sociales.
La asociación ha anunciado que pedirá la intervención de distintas instituciones para analizar si estas actuaciones son compatibles con los derechos de las familias y de los menores. El objetivo es determinar si las administraciones pueden promover desde los centros educativos compromisos lingüísticos que afecten al comportamiento de los alumnos fuera del aula.
La denuncia se produce en un contexto de creciente tensión por las políticas lingüísticas en comunidades con lenguas cooficiales.
En el País Vasco, distintas decisiones institucionales han reforzado el peso del euskera en la administración y en el sistema educativo, mientras asociaciones defensoras del español denuncian una progresiva discriminación de quienes desean utilizar la lengua común.