El escándalo de las pulseras antimaltrato defectuosas gestionadas por el Ministerio de Igualdad no deja de crecer. Nuevas revelaciones de OkDiario confirman que la decisión de cambiar de proveedor no respondió a criterios técnicos, sino a un veto ideológico contra Israel.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que las responsables podemitas del ministerio rechazaron renovar el contrato con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring porque, en palabras de la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez Victoria Rosell, «le jodía mucho el tema de Gaza«.

Durante más de 15 años, la empresa israelí había suministrado dispositivos con tecnología avanzada que impedían la manipulación sin activar las alarmas. Estos equipos contaban con sistemas de batería controlados que garantizaban seguridad y un protocolo de reposición inmediato en caso de sabotaje. «Si ocurría que alguna mujer o maltratador se la quitaba, incluso con una radial, eso saltaba inmediatamente y se reponía«, explicó la fuente consultada.

Pese a la fiabilidad demostrada, Igualdad optó por otro proveedor más barato, rechazando además que el servicio estuviera en manos de «los israelitas».

La decisión de sustituir el sistema fue asumida bajo la responsabilidad directa de Irene Montero, quien en ese momento dirigía el Ministerio de Igualdad. Los pliegos defectuosos fueron firmados en 2021 por Noelia Vera, entonces secretaria de Estado de Igualdad, y en 2023 por Ángela Rodríguez Pam, también dirigente de Podemos.

El cambio de proveedor provocó un vacío informativo en el sistema de seguimiento telemático: el centro de control Cometa no puede acceder a datos anteriores al 20 de marzo de 2024, fecha en que se completó la migración. Esto ha comprometido procesos judiciales contra maltratadores y puesto en grave riesgo la seguridad de mujeres bajo medidas de protección.