El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto ahora su diana en la libertad de los ciudadanos en internet, según el discurso crítico que distintos sectores dirigen contra las últimas declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras sugerir la posibilidad de limitar e incluso prohibir el uso de la red social X. Sus palabras, pronunciadas en un acto organizado por Cataluña en Comú, han reavivado el debate sobre el papel del Gobierno en la regulación del espacio digital.

Durante su intervención, la ministra ha defendido la necesidad de impulsar una intervención normativa más contundente sobre las grandes plataformas tecnológicas, a las que ha descrito como estructuras de poder que condicionan la conversación pública. Rego ha sostenido que el ecosistema digital actual presenta rasgos «antidemocráticos» y ha afirmado que determinadas redes sociales concentran una influencia excesiva en manos de lo que ha denominado líderes digitales, lo que, a su juicio, compromete la soberanía popular.

Las declaraciones han sido interpretadas por voces críticas como un paso más dentro de una estrategia gubernamental orientada a reforzar el control institucional sobre la información en internet. En ese contexto, recuerdan que el presidente ya había planteado restricciones de acceso a redes sociales para menores de 16 años, una iniciativa que ha generado polémica internacional y provocó la reacción del propietario de X, Elon Musk, quien lanzó duros reproches contra el Gobierno español.

Rego defendió además que la futura Ley de Entornos Digitales y la actuación coordinada desde la Unión Europea deberían servir para introducir cambios profundos en el funcionamiento de estas plataformas. La ministra calificó la actividad de algunas tecnológicas como «salvaje» y reclamó medidas legislativas que permitan transformar la manera en que la sociedad percibe y utiliza las redes.

Sus palabras sobre la posibilidad de «limitar y seguramente prohibir Twitter» han concentrado buena parte de las críticas políticas, que interpretan esa postura como una amenaza directa a la libertad de expresión y a la pluralidad informativa. Desde posiciones opositoras se sostiene que el verdadero objetivo sería reducir los espacios donde proliferan opiniones contrarias al Ejecutivo.

El debate sobre la regulación de las redes sociales, la protección de los menores y los límites de la intervención estatal en el entorno digital vuelve así al primer plano político, con posiciones enfrentadas entre quienes defienden una mayor supervisión institucional y quienes alertan del riesgo de que esas iniciativas deriven en mecanismos de censura.