El Gobierno de Baleares (PP) ha llegado a un acuerdo con VOX para retirar las ayudas al alquiler a okupas y compensar económicamente a los propietarios que hayan sufrido perjuicios económicos por la okupación de sus inmuebles. La medida forma parte de una batería de iniciativas que ambas formaciones han consensuado en materia de vivienda y que, además de endurecer las condiciones para acceder a ayudas públicas, incluyen una ampliación sustancial de los denominados Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE).
El consejero de Vivienda, José Luis Mateo, compareció junto a la portavoz parlamentaria de VOX, Manuela Cañadas, para detallar los principales puntos del pacto. Según explicó, se trata de una estrategia de medio y largo plazo que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para los residentes en las islas, mediante mecanismos «excepcionales» que permitan agilizar la creación de nuevo suelo urbanizable.
Una de las claves del acuerdo consiste en extender la fórmula de los PRE (proyectos residenciales estratégicos) —hasta ahora limitada a Palma— a todos los municipios de Baleares con más de 10.000 habitantes. En total, serán 24 localidades las que podrán acogerse a este modelo urbanístico que habilita terrenos para el desarrollo residencial con condiciones preferentes. Además, los municipios que superen los 20.000 habitantes podrán, gracias a una enmienda propuesta por VOX, definir «zonas de transición», es decir, áreas rústicas próximas al núcleo urbano que pasarán a ser urbanizables.
Estas medidas empezarán a aplicarse desde este mismo martes, cuando VOX se comprometerá a respaldar en el Parlamento la convalidación del decreto ley que regula los PRE en Palma y su conversión en proyecto legislativo para extenderlo al resto del territorio insular. En el marco de esta futura ley, también se introducirá por vía de enmiendas la obligación de destinar al menos el 50% del suelo disponible en los PRE a viviendas de precio limitado o de protección oficial.
Asimismo, se establecerá que el 15% de los terrenos urbanizados se transfiera directamente a los ayuntamientos, que podrán así impulsar promociones públicas de vivienda. Parte de esas viviendas se reservarán de forma prioritaria para funcionarios desplazados como docentes, personal sanitario o miembros de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de facilitarles el acceso a una residencia en zonas de alta demanda.
En el ámbito de la lucha contra la okupación ilegal, el acuerdo recoge restricciones para los condenados por delitos de allanamiento o usurpación de inmuebles, que quedarán excluidos del acceso tanto a ayudas al alquiler como a viviendas de protección oficial. Además, PP y VOX han acordado introducir una cláusula que permita compensar económicamente a los propietarios perjudicados por estas ocupaciones ilegales.
