El Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria y el Partido Popular, mantiene bajo tutela a un menor extranjero no acompañado (mena) de origen guineano que, según un documento difundido en redes sociales, conserva una relación frecuente con su familia y procede de un entorno socioeconómico descrito como estable.

El informe, avanzado por @CanarioToday y atribuido a un recurso de atención a menores situado en San Cristóbal de La Laguna, señala que el joven convivía habitualmente con su madre en Guinea antes de desplazarse a España. Su padre, de acuerdo con el mismo texto, trabaja como ingeniero en la capital del país.

La documentación indica además que el menor tiene cinco hermanos y que mantiene comunicación casi diaria con su núcleo familiar mediante llamadas telefónicas y servicios de mensajería. El vínculo con sus padres aparece descrito como cercano, positivo y sin conflictos relevantes.

El padre realizaría un seguimiento periódico de la situación de su hijo en España pese a la distancia derivada de sus obligaciones laborales. Por su parte, el hermano mayor trabajaría en el sector del marketing, circunstancia que, según la evaluación, aporta estabilidad económica y acceso a una red de apoyo e información.

La madre se encargaría de la organización doméstica y del cuidado de los hijos menores. El documento califica el nivel socioeconómico de la familia como medio y sostiene que el hogar dispone de ingresos estables.

El joven habría expresado su intención de aprender español, incorporarse a la formación reglada y acceder en el futuro al mercado laboral para contribuir económicamente al sostenimiento de su familia. Los responsables del informe consideran que esos objetivos coinciden con las expectativas familiares de progreso y estabilidad.

La difusión del documento ha abierto críticas sobre los criterios empleados por la Administración canaria para mantener a menores migrantes dentro del sistema público de protección. Las voces críticas cuestionan que se destinen recursos autonómicos a personas cuyos familiares mantienen contacto permanente con ellas y disponen aparentemente de una situación económica solvente.

Las publicaciones que han dado a conocer el caso cifran el coste de la atención en unos 2.900 euros mensuales de dinero público. No obstante, la imagen difundida no incorpora documentación presupuestaria que permita confirmar esa cantidad ni especifica qué conceptos estarían incluidos en ella.

La condición de menor tutelado no depende únicamente del nivel económico de su familia. Las autoridades deben valorar aspectos como la edad, la situación de desamparo, la posibilidad real de reunificación, la seguridad del retorno y el interés superior del menor antes de modificar cualquier medida de protección.

Por el momento, el Gobierno de Canarias no ha ofrecido públicamente explicaciones concretas sobre este expediente. Tampoco consta en la información aportada que la Administración haya confirmado la autenticidad íntegra del documento, la identidad del menor o el coste exacto de su tutela.