La Diputación Foral de Álava ha tomado medidas drásticas contra los campamentos organizados por la asociación Sarre Euskal Udalekuak Elkartea: ha prohibido el de Bernedo, inhabilitado a la entidad durante tres años, impuesto una multa de 9.000 euros, rechazado la pretensión de una asociación vinculada por considerarla instrumental y se ha personado como acusación particular en el procedimiento judicial. Además, planea arrendar el local para organizar actividades bajo control público. En Navarra, sin embargo, los campamentos de Abáigar y Goñi siguen anunciados para este verano sin que el Gobierno de María Chivite haya abierto expediente, adoptado medida cautelar alguna ni emitido una sola declaración pública al respecto.

La historia de estos «udalekus» —colonias juveniles euskaldunes— comenzó a destaparse públicamente en septiembre de 2025, cuando las primeras denuncias formales llegaron a la Ertzaintza y, posteriormente, al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria. Aunque algunos indicios ya existían desde finales de 2024, fue a finales de agosto de 2025 cuando una familia presentó la primera denuncia por hechos ocurridos en ediciones anteriores: 2021 y 2022 en Abáigar (Navarra) y 2023 y 2024 en Bernedo (Álava). En los días siguientes se sumaron al menos tres denuncias más por hechos en Bernedo. La Ertzaintza ya había elaborado un atestado en abril de 2025, pero las diligencias judiciales solo se activaron de forma efectiva tras la explosión mediática.

Las denuncias describen un patrón de conductas que, según los testimonios de familias afectadas, ponían en riesgo la integridad física y psicológica de menores de entre 12 y 15 años. Varias madres relataron que las duchas eran mixtas y obligatoriamente desnudas: las niñas y los niños debían asearse juntos y sin ropa, mientras monitores y monitoras también se duchaban desnudos en el mismo espacio. Una madre contó que su hija, de 13 o 14 años, pidió no participar en esa dinámica, pero se le obligó a hacerlo en cinco o seis ocasiones. Otro testimonio recurrente es el de un monitor que paseaba por las instalaciones «con los genitales al aire», generando situaciones de evidente riesgo y malestar.

Otras prácticas denunciadas incluían dinámicas humillantes y de maltrato. Menores tutelados por la Diputación de Guipúzcoa, que habían participado en ediciones anteriores, relataron al volver a casa que en el campamento se cocinaba desnudo y que, «a modo de juego», los chavales tenían que chupar el dedo del pie de un monitor para poder tomar la merienda. En una ocasión, un adulto habría tirado una cazuela de guisantes a la cabeza de un menor simplemente por quejarse. En el campamento de Goñi (Navarra), organizado por la misma asociación, familias guipuzcoanas describieron noches de cantos y bailes alrededor de una fogata en los que algunas monitoras se desnudaban de cintura para arriba. Para muchos padres, estas actividades —calificadas por unos como «chocantes» y por otros como «una aberración»— formaban parte de una misma lógica que priorizaba supuestos planteamientos ideológicos sobre la protección de la intimidad y la seguridad de los menores.

La investigación judicial se ha extendido a más de 20 denuncias acumuladas ante la Ertzaintza y algunas quejas ante Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Los hechos se investigan como delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo, coacciones y corrupción de menores. El caso adquirió mayor dimensión cuando se constató que los campamentos funcionaban de forma «clandestina» en Álava: nunca habían sido comunicados ni inscritos ante la Diputación Foral, pese a celebrarse durante años en una instalación pública.

En Navarra la situación es distinta, pero no menos preocupante. Los campamentos de Abáigar y Goñi se han venido celebrando con apoyo institucional indirecto. La Mancomunidad de la Sakana y varios ayuntamientos han destinado fondos procedentes del Instituto Navarro del Euskera para subvencionar estas colonias, sin que existan registros públicos claros de controles exhaustivos sobre los monitores, los protocolos de protección de menores o el cumplimiento de la normativa de actividades juveniles. Algunas de las denuncias iniciales ante la Ertzaintza ya mencionaban expresamente hechos ocurridos en Abáigar en años anteriores, lo que convertía al territorio navarro en parte directa del caso.

Pese a ello, el Gobierno de Chivite ha mantenido una postura de absoluta pasividad. En enero de 2026, la Fiscalía Superior del País Vasco solicitó formalmente a todas las administraciones competentes la adopción de medidas cautelares para proteger a los menores. Navarra no respondió. Cuando la asociación anunció la reapertura de los campamentos este verano, tampoco hubo reacción oficial. Ni una inspección extraordinaria, ni una suspensión de subvenciones, ni una explicación parlamentaria. El contraste con la actuación de la Diputación de Álava —que ha ido desde la apertura de un expediente sancionador hasta la prohibición expresa y la personación judicial— resulta evidente.

VOX ha sido la única formación en el Parlamento de Navarra que ha mantenido una presión constante desde octubre de 2025, cuando presentó una denuncia en el Juzgado de Estella alertando de que parte de las irregularidades afectaban directamente a Abáigar. Ha registrado preguntas, solicitado comparecencias y exigido información sobre la financiación pública y los títulos de los monitores. Este mismo 5 de junio ha registrado una solicitud de comparecencia de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, para que explique qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo ante el riesgo que suponen los campamentos anunciados.

Mientras tanto, el verano de 2026 se acerca y las familias navarras que confiaban en estos udalekus se encuentran ante un dilema: los campamentos de Abáigar y Goñi siguen en pie, la investigación judicial continúa abierta y las instituciones autonómicas responsables no han movido un dedo. El caso, que algunos medios ya denominan «los campamentos de los horrores», ha puesto de manifiesto no solo las graves irregularidades en la organización de colonias juveniles, sino también la diferente vara de medir de las administraciones: contundencia en Álava, silencio absoluto en Navarra. La protección de los menores, una vez más, parece depender más de la voluntad política que de la obligación institucional.