El Gobierno de la República Dominicana ha optado por el silencio ante la pregunta clave: si ha concedido o no la nacionalidad del país caribeño a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La respuesta oficial, lejos de despejar dudas, se limita a escudarse en razones competenciales y en la protección de la intimidad para rechazar cualquier aclaración.

Según un documento al que ha tenido acceso The Objective, el director jurídico de la Dirección General de Migración dominicana ha rechazado facilitar información sobre una eventual adquisición de la nacionalidad por parte de Gómez al alegar que dicha competencia «corresponde al Ministerio de Interior y Policía». Además, sostiene que la legislación del país impide divulgar datos de carácter personal y privado sin una orden judicial o sin el consentimiento expreso del interesado.

La contestación oficial es consecuencia de una pregunta formulada a través de los canales institucionales, en la que se solicitaba confirmar si Begoña Gómez había obtenido la nacionalidad dominicana, en qué fecha y bajo qué marco normativo. El escrito, firmado el pasado 5 de noviembre por el director jurídico de Migración, Luis Rodolfo Caraballo, fundamenta la negativa en el artículo 44 de la Constitución dominicana, que reconoce el derecho a la intimidad y protege la vida privada y familiar de las personas.

Caraballo también invoca una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012, que fija límites al acceso a la información pública cuando esta puede afectar a intereses privados «preponderantes». En la misma línea, cita la ley dominicana de acceso a la información pública, que supedita la entrega de datos a que no se vulnere la privacidad de terceros ni se ponga en riesgo su seguridad.

El responsable jurídico subraya que solo es posible facilitar este tipo de información cuando la solicitud procede de la propia persona afectada, de su representante legal o mediante un requerimiento judicial. En su opinión, la petición no acredita «la existencia de un verdadero y justificado interés público» que permita levantar el velo sobre una eventual nacionalidad extranjera de la esposa del presidente del Gobierno español.

Una sospecha que el juez rechazó investigar

La cuestión no es nueva. El sindicato Manos Limpias solicitó el pasado noviembre al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que se investigara si Begoña Gómez había obtenido la nacionalidad dominicana, tal y como afirmó el empresario Víctor de Aldama en una entrevista concedida en octubre a Telemadrid. El magistrado declinó la petición.

En su escrito, la asociación reclamaba que se ordenaran diligencias para que la Policía Nacional o la embajada de la República Dominicana en España certificaran la veracidad de la supuesta doble nacionalidad.

Pese al rechazo judicial, la sospecha persiste entre las acusaciones populares. Desde hace meses circulan en redes sociales informaciones que apuntan a que la esposa del presidente del Gobierno habría tramitado o incluso obtenido la nacionalidad dominicana mediante una «naturalización privilegiada por gracia presidencial». Hasta la fecha, sin embargo, no existe ninguna prueba documental que lo confirme.

Quienes sí disponen de la nacionalidad dominicana son figuras destacadas del socialismo español, como el expresidente del Gobierno Felipe González y el exministro José Bono, ambos beneficiarios de los mecanismos legales previstos por el país caribeño.

Las vías para acceder a la nacionalidad dominicana

La legislación dominicana contempla varias fórmulas para adquirir la nacionalidad. Una de las más ágiles es la inversión. Este procedimiento permite obtener la residencia permanente a quienes adquieren inmuebles por un valor superior a los 200.000 dólares (unos 185.000 euros). El permiso inicial tiene validez de un año y, tras su renovación, se extiende por cuatro más.

También existe la adquisición por nacimiento, por descendencia, por matrimonio con un ciudadano dominicano o mediante naturalización, que exige una residencia legal prolongada y el cumplimiento de requisitos como carecer de antecedentes penales.

La relación de Begoña Gómez con la República Dominicana no se limita a la cuestión de la nacionalidad. En los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción ha recibido varias denuncias, todas archivadas, que señalaban la supuesta existencia de tres cuentas bancarias a su nombre en el país caribeño, con saldos que oscilarían entre seis y diez millones de euros. Una de las denuncias incluso apuntaba a un traslado posterior de fondos a Islas Caimán.

El Senado también recibió hace un año una denuncia similar, que incluía referencias a cuentas de ministros del Gobierno y de altos cargos del PSOE. La Cámara Alta remitió el escrito al Tribunal Supremo, que decidió no abrir diligencias.

Mientras tanto, el Gobierno dominicano guarda silencio y se refugia en la intimidad para no aclarar una cuestión que sigue alimentando dudas en una causa judicial abierta y políticamente explosiva.