El Gobierno de Navarra ha iniciado la actualización de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2010, una reforma que ha provocado un fuerte rechazo entre las asociaciones de víctimas, que denuncian un intento de equiparar a ETA con otros episodios de «violencia política» y de diluir la responsabilidad de la banda terrorista en la Comunidad Foral.

La norma vigente se aprobó cuando ETA aún no se había disuelto y tras una etapa en la que la organización dejó de matar en Navarra, donde perpetró 42 asesinatos —más de medio centenar si se incluyen navarros asesinados fuera—. Ahora, el Ejecutivo que preside la socialista María Chivite ha abierto el proceso de reforma con un texto que, según las víctimas, replica el enfoque impulsado por el Gobierno central.

La respuesta de las asociaciones no se ha hecho esperar. La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (Anvite), junto a otras entidades, ha presentado un paquete de enmiendas durante el periodo de exposición pública. Entre sus propuestas destaca la creación de sanciones de hasta 150.000 euros para castigar la vandalización de placas en memoria de las víctimas, una práctica que, denuncian, sigue produciéndose.

Estas placas no comenzaron a instalarse hasta 2021 en Pamplona, 18 años después del último asesinato de ETA en Navarra. En Sangüesa, donde se produjeron los últimos crímenes de la banda en la Comunidad, el homenaje institucional llegó incluso antes, aunque también con años de retraso.

El núcleo del conflicto se sitúa en el enfoque de la reforma. Las víctimas rechazan que se incluya bajo un mismo paraguas a las víctimas del terrorismo y a otras derivadas de lo que el texto denomina «violencia política». Consideran que esa equiparación supone «desdibujar» el carácter criminal de ETA.

En esa línea se ha pronunciado la Fundación Tomás Caballero, que ha reclamado evitar «equiparaciones indebidas entre terrorismo y otros fenómenos históricos o políticos». La entidad recuerda el asesinato en 1998 del concejal de UPN en Pamplona, cuya figura sigue siendo un símbolo para las víctimas en Navarra.

El clima de tensión se ha visto agravado por episodios recientes, como la exhibición de la imagen de uno de los asesinos de Caballero durante la última edición de la Korrika, una carrera vinculada a la promoción del euskera. El gesto reabrió el debate sobre los homenajes a etarras y su presencia en el espacio público.

El presidente de Anvite, José Ignacio Toca, ha denunciado con dureza esta situación: «No necesitan esconderse ni disimular. Enseñan orgullosos a sus asesinos y los defienden como gudaris de su causa«. En el mismo texto, acusó a Bildu de mantener intacto su discurso mientras avanza en acuerdos políticos con el PSOE y el PSN.

La reforma de la ley se tramitará en el Parlamento foral en los próximos meses. El proceso anticipa un nuevo choque político en Navarra, con las víctimas situadas en el centro del debate y con el foco en cómo se define institucionalmente el legado de ETA.