La Junta de Andalucía ha comprometido más de 117 millones de euros en sólo dos ejercicios para la atención de menores extranjeros no acompañados (menas) que han llegado de forma ilegal a España. La cifra comprende el gasto ejecutado en acogimiento residencial durante 2024 y el contrato formalizado a finales de 2025 para crear nuevas plazas específicas para menas. Este desembolso se ha producido precisamente durante los dos últimos años de legislatura de la actual Administración autonómica.

En 2024, el gasto en acogimiento residencial de menas alcanzó los 80,34 millones de euros. Ese mismo año, Andalucía mantuvo bajo su tutela a aproximadamente 1.467 menas alojados en centros de tutela gestionados por la Junta. Esto sitúa el coste medio anual por plaza en 54.766 euros, lo que equivale a más de 4.560 euros al mes por cada menor tutelado. Es decir, cada mena que permanece en el sistema de protección genera un desembolso medio superior a los 4.500 euros mensuales solo en acogimiento residencial, sin contar con gastos extraordinarios.

En diciembre de 2025, la Junta formalizó un nuevo contrato por valor de 36,95 millones de euros, ampliable hasta 70,28 millones con la prórroga, para la creación de 440 nuevas plazas de acogida destinadas específicamente a menas. Este contrato, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga por otros dos, representa un compromiso presupuestario adicional muy significativo que ya se extiende a 2026 y que incrementa todavía más la media de inversión por inmigrante ilegal tutelado durante el tramo final de la legislatura.

La suma de ambas cantidades supera los 117 millones de euros en un periodo de apenas dos años. Si se considera el conjunto del esfuerzo presupuestario realizado en este periodo y el número medio de menores atendidos, la inversión media por menor tutelado se sitúa claramente por encima de los 4.000 euros mensuales. Esta cifra no ha dejado de crecer y evidencia que el fenómeno de la llegada de menas se ha convertido en una de las partidas de gasto más relevantes del presupuesto autonómico en los últimos años de mandato de la Junta de Andalucía.

Fuentes de la Administración autonómica consultadas por LA GACETA señalan que este nivel de gasto está generando una presión estructural sostenida sobre las arcas públicas andaluzas. El sistema de protección de menores ha tenido que ampliar notablemente su capacidad para absorber la llegada de estos menores, y el contrato de 440 plazas adicionales confirma que el dispendio presupuestario no solo se mantiene, sino que sigue aumentando. En 2025, el sistema ya disponía de 6.092 plazas en total, de las cuales casi 3.000 eran de acogimiento residencial permanente.

El compromiso de más de 117 millones de euros en sólo dos años evidencia cómo la llegada masiva menas a Andalucía está generando consecuencias económicas directas y cuantificables sobre los contribuyentes andaluces. La Junta (PP) ha destinado recursos muy importantes a este capítulo precisamente en el tramo final de su mandato, sin que se observe una reducción significativa de la presión ni una estrategia clara que permita contener este gasto estructural en los próximos ejercicios.