El Gobierno del socialista Emiliano García-Page, a través de la consejera portavoz Esther Padilla, ha advertido que Castilla-La Mancha necesita cerca de 400 millones de euros para garantizar a los 322 menas que le asigna el Ejecutivo central la misma atención que han recibido hasta ahora en Canarias y Ceuta. Padilla ha calificado de «imposible» asumir esta carga con los medios actuales y ha denunciado que los centros de acogida se encuentran ya en situación límite.
La polémica se ha disparado tras la aprobación del Real Decreto impulsado por la ministra Sira Rego, que prevé el traslado forzoso de 3.000 menas desde los archipiélagos hasta distintas comunidades autónomas. A juicio de varias regiones, la medida responde únicamente al interés político de Pedro Sánchez por complacer a sus socios parlamentarios, lo que ha llevado a 11 gobiernos autonómicos a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.
El decreto contempla una dotación de 100 millones de euros para repartir entre todas las autonomías, fondos que únicamente cubrirán el traslado y la atención de los menores durante los tres primeros meses. Superado ese plazo, cada comunidad será responsable en exclusiva de los gastos, sin apoyo adicional por parte del Estado.
Madrid, que deberá acoger a 647 menas, ya ha decidido llevar el asunto al Tribunal Supremo. Baleares, por su parte, recibirá únicamente a 49, pero denuncia que su red de protección de menores se encuentra desbordada con una ocupación superior al 1.000%. El ejecutivo de Marga Prohens exigirá la suspensión cautelar de la norma al considerar que amenaza la viabilidad de los consells insulares.
El calendario de aplicación de este reparto aún no se ha concretado, ni tampoco el procedimiento exacto para los traslados. Lo que sí es evidente es el clima de confrontación política y judicial que ha generado la decisión del Ejecutivo, con varias regiones dispuestas a mantener la batalla en los tribunales para frenar un plan que consideran arbitrario e injusto.
