Los listados internos de la Secretaría de Estado de Migraciones sobre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, a los que ha tenido acceso LA GACETA, documentan un cambio de práctica que el Gobierno nunca ha anunciado. La primera lista es la de salidas hacia la Península. En 2022 salieron del centro 55 inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí. En 2023 fueron cinco. En 2024 la cifra saltó a 991, 198 veces la del año anterior y un incremento del 19.720%. En 2025 llegó a 1.345, 269 veces la cifra de 2023, un 26.800% más. Sólo entre enero y julio de 2026 ya se trasladaron otros 1.018. En dos años y medio son más de 3.300 marroquíes enviados a la Península.
Ese salto no se explica por el volumen general de salidas. El CETI trasladó a la Península a 884 inmigrantes de todas las nacionalidades en 2023, a 2.104 en 2024 y a 2.599 en 2025. Los marroquíes han dejado de ser una excepción y suponen más de la mitad de esos traslados.
La segunda lista es la de admisiones en el propio centro, y no debe confundirse con la anterior. Hasta 2023 apenas una docena de marroquíes al año entraba en el CETI: 38 en 2022 y 12 en 2023. En 2024 fueron admitidos 1.111, 92 veces la cifra del año anterior. En 2025, 1.403. Entre enero y julio de 2026 las admisiones de marroquíes ya suman 1.390 en total.
El cruce de estos datos con las estadísticas de asilo del Ministerio del Interior deja numerosas dudas en el aire que a día de hoy no han sido resultas. En 2024 los marroquíes presentaron 4.252 solicitudes de protección internacional en España. De ellas, 1.788 se formalizaron en Ceuta, el 42% del total. Ese mismo año se resolvieron 3.253 expedientes de esa nacionalidad y 3.070 fueron desfavorables. Solo 177 obtuvieron el estatuto de refugiado, una tasa de protección del 4,3%. En 2025 Marruecos volvió a figurar entre las cinco nacionalidades con más resoluciones desfavorables, con 3.460 en total. El Estado traslada y acoge en la Península, a cargo del sistema público, a un colectivo cuya solicitud se rechaza en 96 de cada 100 casos, sin explicar el motivo por el cual lo hace.
La Ley de Asilo de 2009 reconoce al solicitante el derecho a permanecer y a recibir acogida mientras se tramita el expediente y el Tribunal Supremo avaló en 2020 que los solicitantes de Ceuta y Melilla puedan desplazarse a la Península, pero lo que no existe es ninguna instrucción pública que explique por qué, a partir de 2024, los marroquíes que entraban de forma ilegal en Ceuta dejaron de ser devueltos a Marruecos al amparo del acuerdo de readmisión de 1992 y pasaron a ser admitidos en el CETI y trasladados. Tampoco se conoce instrucción interna alguna. Un cambio de criterio de esta magnitud, de cinco traslados a más de mil en un año, no aparece publicado en el BOE, ni en una orden ministerial, ni en una nota de la Secretaría de Estado. El criterio cambió y la presión migratoria se fue incrementando sobre la Ciudad Autónoma de forma paralela.
Acorde a estadísticas de los balances del Ministerio del Interior, las entradas terrestres en Ceuta se mantuvieron en 1.114 inmigrantes en 2022 y en 1.068 en 2023. En 2024, el año del cambio, subieron a 2.531, un 137% más. Entre enero y agosto de 2026 ya han llegado 4.076, el doble que las 2.015 del mismo periodo de 2025. Esa cifra no incluye la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
Los listados documentan dos hechos. El primero es que en 2024 el Gobierno empezó a admitir y a trasladar marroquíes desde el CETI en una escala inédita. El segundo, que desde ese mismo año las entradas en Ceuta se han disparado. La secuencia es compatible con un factor de atracción. Si la ruta deja de terminar en una devolución y pasa a terminar en un traslado a la Península, con alojamiento y manutención públicos, aunque el asilo se deniegue meses después, el incentivo para intentarlo cambia. La documentación no prueba por sí sola la causa, pero tampoco aclara qué ocurre con los más de 3.000 marroquíes cuya solicitud se deniega cada año, cuántos reciben una orden de expulsión y cuántas se ejecutan.
Desde el 12 de junio de este año el marco es otro. Ese día empezó a aplicarse el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que obliga a tramitar en frontera, sin autorización de entrada, las solicitudes de nacionalidades con una tasa de reconocimiento inferior al 20%. Marruecos está en el 4%. Los listados de salidas muestran que en junio fueron trasladados a la Península 169 marroquíes y en julio otros 107. Si esas personas entraron después del 12 de junio y fueron derivadas a la acogida ordinaria, el Gobierno habría incumplido un reglamento europeo y su propia instrucción del 11 de junio. LA GACETA ha trasladado la pregunta al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Estado de Migraciones, pero por el momento no hay respuesta.
