El Gobierno de Marga Prohens (PP) ha destinado 1.098.771 euros a la compra de tres viviendas destinadas a la Red de Emancipación para jóvenes extutelados. Dos viviendas se encuentran en Mallorca y una en Ibiza.
La primera vivienda adquirida en Mallorca tuvo un coste de 349.771 euros, la segunda de 359.000 euros y la de Ibiza de 390.000 euros. La operación ha sido financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según el propio Gobierno de Baleares, los inmuebles funcionarán como pisos puente para jóvenes que han pasado por el sistema de protección y necesitan apoyo para avanzar hacia una vida independiente.
La adquisición se produce mientras Baleares afronta una fuerte presión sobre su sistema de protección de menores, directamente relacionada con el aumento de la llegada de inmigrantes ilegales a las islas. A finales de julio había 880 menas bajo protección, mientras los cuatro consejos insulares calculaban un gasto de entre 36 y 38 millones de euros durante el año para su atención.
El fenómeno tiene además una dimensión posterior a la mayoría de edad. Los datos oficiales muestran que dos de cada tres menores tutelados son extranjeros. Esto significa que la presión generada por la inmigración ilegal sobre el sistema público no se limita necesariamente a la etapa de protección durante la minoría de edad.
De la protección a la emancipación
Cuando algunos de estos menores alcanzan los 18 años, pueden continuar recibiendo apoyo público si cumplen los requisitos establecidos para acceder a los programas de emancipación. No todos los jóvenes que salen del sistema de protección acceden a estos recursos y tampoco todos los beneficiarios son extranjeros, pero la composición actual del sistema permite entender por qué la ampliación de la Red de Emancipación se produce en paralelo al crecimiento de la población extranjera atendida por la Administración.
Durante la minoría de edad, la Administración proporciona alojamiento, protección y atención integral a los menores que se encuentran bajo tutela. Después, determinados jóvenes pueden acceder a viviendas de emancipación y otros recursos de acompañamiento mientras completan su transición hacia la vida independiente. La compra de estas tres viviendas amplía precisamente esa segunda fase de atención.
Dos tercios de los menores tutelados son extranjeros
Los consejos insulares calculan que atender a estos menores supondrá entre 36 y 38 millones de euros en 2026. Según las administraciones insulares, la financiación procedente del Estado ronda los 2 millones de euros, por lo que la mayor parte del esfuerzo económico recae sobre las administraciones de Baleares.
La Administración debe disponer de recursos no sólo para atender a los menores mientras permanecen bajo protección, sino también para aquellos jóvenes que, tras cumplir los 18 años, continúan necesitando apoyo para acceder a una vivienda y alcanzar la autonomía.
No son viviendas reservadas exclusivamente para menas ni todos sus futuros usuarios serán necesariamente extranjeros. Pero forman parte de una red pública cuya demanda está condicionada por la evolución del sistema de protección, en el que los extranjeros representan actualmente dos de cada tres menores tutelados.
La inmigración ilegal genera así una presión que puede extenderse a diferentes etapas de la intervención pública: desde la atención residencial de los menores hasta los recursos de emancipación para una parte de quienes han pasado por el sistema de protección. La compra de estas viviendas constituye una nueva inversión para afrontar esa segunda etapa mientras Baleares continúa destinando decenas de millones de euros cada año a la atención de los menas.
