El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido contratos millonarios de obra pública a una constructora controlada por el régimen de Pekín y sancionada por Estados Unidos por colaborar en la expansión militar del Partido Comunista Chino (PCCh), según informa El Confidencial.

La empresa, China Communications Construction Company (CCCC), ha logrado infiltrarse en el mercado español gracias a la mediación de lobistas próximos al PSOE y a la inacción del Ejecutivo, pese a su historial de corrupción y sanciones internacionales.

En 2020, el Departamento de Comercio estadounidense vetó a CCCC y a sus 34 filiales por su implicación en la militarización del Mar de China Meridional, prohibiendo a las empresas norteamericanas trabajar con ella. También Canadá bloqueó su entrada en su sector de la construcción por «razones de seguridad nacional».

Pese a todo, España le abrió las puertas de par en par. Según documentos y fuentes citadas por El Confidencial, la compañía recurrió a intermediarios vinculados al entorno de Moncloa para implantarse en el país y asegurar adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La operación se materializó en 2020, cuando una filial de CCCC, China Road & Bridge Corporation (CRBC), compró el 66,5 % de la constructora gallega Grupo Puentes y Calzadas SA, entonces al borde de la quiebra. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no presentó objeciones.

Desde entonces, su negocio se disparó. En apenas cuatro años, pasó de facturar 90 millones a 434 millones de euros, un crecimiento impulsado por adjudicaciones del Gobierno central.

Entre las más destacada: la reconstrucción de los viaductos de O Castro (90 millones), la conservación de carreteras en Lugo (14,6 millones), el tramo Tafalla-Campanas del AVE (238 millones, en UTE con otras compañías) y la ampliación de la estación de Atocha (451,6 millones). Estas adjudicaciones proceden de organismos vinculados al Ministerio de Transportes, uno de los frentes judiciales del caso Koldo, que salpica al entorno socialista por corrupción en contratos públicos.

El caso se agrava al conocerse que la trama de entrada de CCCC en España contó con contactos de alto nivel del PSOE, incluyendo figuras vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero, hoy intermediario oficioso del régimen chino en Madrid.

Zapatero creó en 2022 el think tank prochino Gate Center junto a Fangyong Du (alias Miguel Duch), empresario investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por sus nexos con el espionaje de Pekín. En su primer consejo asesor incluyó a Zhimin Hu, directiva de China Harbour Engineering Co., filial de CCCC. El propio Du reconoció que fue él quien presentó a Zapatero y a la representante de la constructora china.