Durante el mandato de Pedro Sánchez, el Gobierno ha concedido más de 164 millones de euros en países emisores de inmigración para controlar las entradas ilegales, según una respuesta parlamentaria a VOX. Sin embargo, los resultados han sido contrarios a lo esperado: entre 2018 y 2024, España registró 331.487 llegadas de inmigrantes ilegales, con un récord de 63.970 en 2024.

El Informe Anual de Seguridad Nacional 2024, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional y citado por The Objective, identifica los flujos migratorios ilegales como la tercera mayor amenaza para la seguridad del país. La estrategia del Ejecutivo se ha centrado en financiar el control de fronteras en naciones africanas, proporcionando equipos como drones, vehículos, chalecos antibalas y material informático, además de combatir las redes de tráfico de personas.

Pese a ello, el 73% de las entradas de 2024 se produjeron por la ruta canaria, con 46.843 inmigrantes procedentes de África Occidental, impulsados por la inestabilidad en el Sahel y las mafias migratorias. Un aumento paradójico.

A pesar de la significativa inversión, las llegadas ilegales no han disminuido. Las entradas, principalmente marítimas (pateras y cayucos) y terrestres (Ceuta y Melilla), representan el 9% de los 3,8 millones de inmigrantes llegados entre 2018 y 2024.