El propio Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce ya en documentos oficiales lo que durante meses ha tratado de ocultar: la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las Islas Canarias constituye “un riesgo para la seguridad y el orden público”. Así lo recoge el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, en los pliegos de un contrato adjudicado a la empresa pública Tragsa para reforzar la atención en los centros de primera acogida.
En el escrito, Migraciones admite que “desde el verano de 2023 se ha producido un incremento sin precedentes de la llegada de personas a costas españolas”, lo que ha obligado a improvisar infraestructuras para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, la presión no cesa y el ministerio alerta de que cualquier interrupción de los servicios esenciales podría derivar en “situaciones de grave peligro para el orden público”.
El documento insiste en que mantener los centros “a pleno rendimiento” resulta cada vez más complejo debido al elevado número de inmigrantes ilegales acogidos. La conclusión es inequívoca: “La llegada masiva de personas a las Islas Canarias implica una situación de riesgo para la seguridad y el orden público”.
