El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha asumido que no habrá Presupuestos Generales del Estado para 2025 y prepara el terreno para repetir la jugada en 2026. A apenas una semana del límite legal para anunciar si habrá o no nuevas cuentas públicas, el presidente ha vuelto a tirar la toalla. No hay apoyos. Junts no se moverá hasta que el Tribunal Constitucional bendiga la amnistía para los golpistas malversadores, y Podemos sigue en su guerra suicida con Sumar, dispuestos a dinamitar cualquier pacto con tal de resucitar un proyecto político que hace aguas.
En este escenario de bloqueo presupuestario, el Ejecutivo ya busca su excusa. Fuentes del propio Gobierno reconocen que la estrategia pasa ahora por escudarse en el nuevo contexto internacional, con el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su política comercial proteccionista. En Moncloa quieren hacer pasar la amenaza de los aranceles por una «emergencia nacional», al estilo de la pandemia, para justificar lo que en realidad es una simple falta de apoyos parlamentarios.
El relato ya está en marcha. Oficialmente, se dice que «se trabaja para presentar unas cuentas públicas». Extraoficialmente, en los pasillos de Moncloa admiten que «la prioridad son los aranceles» y el impacto que podrían tener en la economía española en los próximos 90 días. La previsión ya es negativa: se estima una caída de hasta medio punto del PIB pese a que, incluso con ese ajuste, los organismos internacionales siguen situando el crecimiento por encima del 2,5% para 2025.
En Moncloa se maneja un discurso de economía de guerra. Se busca repetir el esquema de 2020, cuando la crisis del COVID-19 sirvió para paralizar la actividad parlamentaria. En esta ocasión, el objetivo es congelar de nuevo la obligación constitucional de presentar los Presupuestos, que ya fue incumplida en 2023 y 2024.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido el escogido por Sánchez para vender el relato. Tras su reunión con el secretario de Estado del Tesoro de EE.UU., ha empezado a repetir en medios que el riesgo para la economía española es «moderado», aunque ya se hable abiertamente de un frenazo del crecimiento. El discurso oficial se centra en que España «está menos expuesta» que otros países europeos, mientras se apuran las negociaciones para aprobar un decreto de 14.000 millones de euros en ayudas a los sectores afectados por los aranceles.
La maquinaria del PSOE también ha entrado en acción. Ferraz ha dado la orden de activar actos informativos en las agrupaciones socialistas para que cale el mensaje de alarma y se justifique el nuevo retraso presupuestario.
