El Gobierno de Pedro Sánchez ha avanzado que retirará la Pirámide de los Italianos por ser «contraria a la ley de Memoria Democrática», pese a que el mausoleo fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento por la Junta de Castilla y León en febrero de 2024, una protección impulsada por VOX cuando ostentaba la Consejería de Cultura.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado esta semana en su cuenta de X la decisión de la comisión técnica de expertos, que incluye al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y a representantes autonómicos y locales. «Memoria es democracia», escribió Torres, añadiendo que «tenemos que garantizar que las generaciones venideras no hereden espacios públicos donde estos vestigios exaltan todo lo contrario a lo que somos, un pueblo democrático».

Sin embargo, la Pirámide de los Italianos —erigida entre 1938 y 1939 para albergar los restos de los soldados italianos caídos en la batalla del puerto del Escudo— cuenta con el máximo grado de protección patrimonial autonómica. Fue la Junta, entonces gobernada por PP y VOX, la que impulsó y aprobó su declaración como BIC precisamente para blindarla frente a la Ley de Memoria Democrática, argumentando su singular valor arquitectónico, estético, histórico y paisajístico como único ejemplo de racionalismo italiano de entreguerras en España. Fuentes jurídicas recuerdan que esa catalogación obliga a su conservación y dificulta gravemente cualquier intento de demolición o retirada por parte del Ejecutivo central.

El anuncio gubernamental se produce meses después de que el propio Gobierno adelantara su intención de actuar sobre varios monumentos y nomenclaturas de la provincia de Burgos. En el catálogo de símbolos contrarios a la norma también figuran la Columna Sagardía en Cilleruelo de Bricia y el monumento a Emilio Mola en Alcocero de Mola, localidad que además podría verse obligada a cambiar de nombre. En el resto de Castilla y León, el Ejecutivo apunta a Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

La decisión de la comisión de expertos, constituida en diciembre, reabre el choque entre la legislación estatal de memoria democrática —heredera de las normas de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y criticada por amplios sectores como sectaria— y la protección patrimonial autonómica. Mientras el Gobierno de Sánchez insiste en la retirada, la declaración BIC de la Pirámide de los Italianos, conseguida gracias a la presión de VOX, sigue vigente y convierte cualquier actuación en un potencial conflicto competencial y judicial.