El barranco del Poyo, uno de los escenarios más trágicos de la dana que arrasó la provincia de Valencia, sigue en el centro de la polémica política por la gestión del Gobierno. Casi año y medio después de la catástrofe, los datos oficiales revelan que las obras de reconstrucción avanzan muy por debajo de lo comprometido, mientras el Ejecutivo mantiene que no hubo fallos previos en el mantenimiento de los cauces.
A lo largo del recorrido del Poyo, así como en otros puntos como el Pozalet, Gallego, l’Horteta o las zonas próximas a la Albufera, decenas de personas perdieron la vida durante las inundaciones. La responsabilidad del mantenimiento de estos cauces corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Tras la riada, el Gobierno rechazó cualquier relación entre el estado de los barrancos y la gravedad de la tragedia. Durante estos meses, La Moncloa ha sostenido que no eran necesarias actuaciones previas en estas zonas. Sin embargo, tras el desastre, el propio Ministerio —primero bajo la dirección de la ministra Teresa Ribera y después con Sara Aagesen— ha recuperado proyectos que llevaban años sin ejecutarse.
Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cuestionan directamente el relato oficial. En 2025, primer año completo tras la dana, la CHJ sólo ejecutó el 48,3% de las actuaciones previstas, muy lejos de los objetivos marcados para la recuperación.
El desfase es aún más evidente en 2026. En los dos primeros meses del año, el grado de ejecución apenas alcanza el 0,4%, una cifra que anticipa nuevas dificultades para cumplir los compromisos presupuestarios.
En términos económicos, la CHJ dispuso en 2025 de 214,6 millones de euros para trabajos de recuperación, frente a los 30 millones del año anterior. Pese a ese incremento, sólo se ejecutaron 103,5 millones. Actualmente, el organismo mantiene 17 obras de emergencia activas por un valor total de 220 millones, aunque los retrasos administrativos siguen lastrando su desarrollo.
Pese a estos registros, la Confederación ha defendido su gestión en varias comunicaciones públicas. A comienzos de abril, aseguró que las actuaciones en el barranco del Poyo, con una inversión de 20 millones de euros para reforzar taludes, se encuentran en su fase final. Días después, anunció otros 7,5 millones para intervenciones en l’Horteta, Gallego, Pozalet y zonas vinculadas a la Albufera. En ninguno de estos comunicados se hace referencia al bajo nivel de ejecución reconocido por la IGAE.
La gestión de la dana ha generado críticas al Gobierno desde el mismo momento de la catástrofe. A los reproches iniciales por la tardanza en movilizar efectivos de seguridad para evitar saqueos y asistir a los afectados, se han sumado en los últimos meses las denuncias por retrasos en el pago de ayudas, que muchas víctimas siguen esperando.
El contraste entre el discurso oficial y los datos de ejecución abre un nuevo frente político en torno a la gestión de una de las mayores tragedias recientes en España, con interrogantes tanto sobre la prevención previa como sobre la eficacia de la reconstrucción posterior.
