El Gobierno de Pedro Sánchez ha ratificado este miércoles la validez de los convenios bilaterales de Seguridad Social que permiten el reparto de la pensión de viudedad a partes iguales entre varias esposas en casos de poligamia. Esta medida se aplica específicamente a los ciudadanos procedentes de Marruecos, Senegal y Túnez, países con los que el Estado español mantiene acuerdos vigentes que contemplan esta excepción normativa, pese a que la poligamia no es legal en el territorio nacional.

La aclaración del Ejecutivo surge como respuesta a una consulta parlamentaria sobre cómo se justifica el reconocimiento de un régimen de varias esposas frente a la legislación española. Según el Gobierno, estos tratados internacionales actúan como una disposición especial que prima en la gestión de prestaciones. El convenio con Marruecos es el más antiguo en este ámbito, seguido por el de Túnez y, más recientemente, el de Senegal.

Tal y como deja entrever Onda Cero, en la práctica la normativa establece que, si un trabajador asegurado fallece teniendo varias esposas reconocidas legalmente en su país de origen, la prestación de supervivencia no se otorga de forma única a una sola persona. En su lugar, el importe total de la pensión se distribuye equitativamente entre todas las viudas, siempre y cuando cada una de ellas cumpla de manera individual con los requisitos generales que exige la Seguridad Social española para tener derecho a dicha prestación.

Esta interpretación jurídica ha sido respaldada previamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que aplica el concepto de «orden público atenuado». Bajo esta premisa, el sistema judicial permite que un matrimonio polígamo celebrado legalmente en el extranjero surta ciertos efectos económicos en España.