El Ministerio de Agricultura ha vuelto a poner límites al crecimiento del viñedo español. De las 1.584 hectáreas solicitadas por los agricultores para nuevas plantaciones de uva de vinificación en 2026, el Ejecutivo sólo ha autorizado 903, dejando fuera 681 hectáreas reclamadas por productores que querían ampliar sus explotaciones.

El cupo concedido supone apenas el 57% de la superficie solicitada y representa únicamente el 0,1% del viñedo nacional, pese a que la normativa comunitaria permite abrir autorizaciones equivalentes hasta al 1% de la superficie plantada el año anterior, según recoge Libre Mercado.

El Gobierno justifica la restricción apelando al riesgo de sobreoferta y a la necesidad de preservar el prestigio de determinadas denominaciones de origen. Sin embargo, el resultado práctico es que agricultores con tierra disponible y voluntad de plantar quedan fuera cuando se agota el cupo o no alcanzan la puntuación suficiente en el baremo administrativo.

Sólo 903 hectáreas para toda España

El Ministerio había declarado inicialmente admisibles 1.290 hectáreas después de aplicar un límite máximo de cinco hectáreas por solicitante. Ese tope redujo ya de entrada las 1.584 hectáreas pedidas a 1.290 potencialmente autorizables. Posteriormente, el sistema de puntuación y el cupo nacional terminaron dejando la cifra definitiva en apenas 903 hectáreas concedidas. El baremo, además, no prioriza directamente criterios como la rentabilidad prevista, la viabilidad económica o la existencia de salida comercial para la producción.

La puntuación favorece, entre otros factores, a jóvenes nuevos viticultores y a explotaciones pequeñas o medianas, con un máximo combinado de 3,5 puntos.

Rioja y Cava, prácticamente cerradas

Las restricciones son todavía más severas en algunas denominaciones de origen protegidas. En Rioja, el cupo quedó limitado a 0,1 hectáreas, pese a que existían 5,3 hectáreas admisibles. En Cava se fijó igualmente un límite de 0,1 hectáreas, pero finalmente no se concedió ninguna nueva plantación.

Ribera del Duero quedó también restringida a 0,1 hectáreas, mientras que Rueda tuvo un límite de una hectárea. El Ministerio aceptó en estos casos las recomendaciones formuladas por los respectivos consejos reguladores.

Castilla-La Mancha pierde más de 500 hectáreas

Castilla-La Mancha, principal región vitivinícola del país, concentra también el mayor volumen de superficie rechazada. Los agricultores solicitaron 1.158 hectáreas, pero únicamente recibieron autorización para 653. En total, 505 hectáreas quedaron fuera, lo que representa el 43,6% de lo solicitado.

La Rioja sufrió proporcionalmente el recorte más duro: pidió siete hectáreas y recibió sólo una, con un 85,7% de la superficie solicitada denegada. En Extremadura quedó fuera el 48,6% de las hectáreas pedidas y en Cataluña el 38,5%.

En términos de expedientes, el impacto es menor: de 889 solicitudes presentadas en toda España, 789 obtuvieron autorización y 100 fueron rechazadas. La diferencia se explica porque el principal recorte se aplica sobre la superficie concedida, no sólo sobre el número de agricultores autorizados.

El Gobierno alega caída del consumo

La justificación del Ejecutivo se apoya en el descenso internacional del consumo de vino. Según el plan estratégico de la Organización Interprofesional del Vino de España, el consumo mundial lleva cayendo desde 2017 y en 2024 se situó en 214 millones de hectolitros, el nivel más bajo en tres décadas. El sector ha modificado por ello su estrategia y apuesta más por aumentar el valor de las ventas que por incrementar los litros comercializados.

La propia interprofesional pretende estabilizar la superficie española en torno a 911.000 hectáreas y considera que abrir completamente el margen comunitario del 1% —unas 9.000 hectáreas— podría generar más producción dentro de tres o cuatro años, cuando las nuevas cepas comenzaran a producir.

Pese a ello, el sistema vigente mantiene una paradoja evidente: Bruselas permite autorizar hasta diez veces más superficie que la concedida por el Gobierno español, mientras agricultores que quieren plantar y cuentan con terrenos disponibles se quedan fuera por los límites administrativos. La tendencia, además, no es nueva. El cupo nacional lleva reduciéndose durante los últimos ejercicios: 928 hectáreas en 2024, 914 en 2025 y 903 en 2026.