El cierre de la última sesión parlamentaria antes del parón veraniego ha dejado al descubierto la profunda fragilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El rechazo del Congreso al decreto antiapagones ha culminado una semana especialmente crítica para el Ejecutivo, que ha visto caer iniciativas esenciales como la reforma de la jornada laboral y la conocida como ley Bolaños.

Desde Junts han advertido que el Gobierno «deberá ponerse las pilas» si pretende sobrevivir políticamente durante los dos años que le restan de mandato. Además, el estancamiento institucional no ha pasado desapercibido en Bruselas. La Comisión Europea vigila con creciente preocupación la parálisis legislativa en España, que impide avanzar en las reformas comprometidas con Europa.

Entre los casos que más preocupan a la UE están la renovación de concesiones de autopistas sin concurso público, como en la AP-9 y la AP-66, que vulnera las normas de contratación comunitaria, así como la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, en la que Bruselas ha señalado posibles trabas al libre movimiento de capitales y una interferencia en competencias del Banco Central Europeo.

La Comisión también ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar completamente a su legislación una directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Otros expedientes apuntan al trato a trabajadores estacionales, deficiencias en el sistema de inmigración, fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales o retrasos en la adopción de normas de protección al consumidor.