El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una subvención sin contraprestación, entregó un total de 352.572 euros a una asociación vinculada a proyectos ambientales en Perú, dentro de una convocatoria destinada al fortalecimiento de actividades relacionadas con el cacao y el ecoturismo en la región de San Martín.
La ayuda, registrada el 6 de noviembre de 2025 y adelantada por Pablo Cambronero, se enmarca en una concesión directa de carácter instrumental y forma parte de una línea de financiación orientada a impulsar la sostenibilidad ambiental y la competitividad en determinadas cadenas productivas en países en desarrollo. El beneficiario fue la entidad Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA), que desarrolla iniciativas en el ámbito de la conservación y el trabajo con comunidades locales.
Según la información oficial, el importe fue concedido sin contraprestación directa, es decir, como una subvención pública destinada a la ejecución de proyectos en terreno. Este tipo de ayudas se incluyen habitualmente dentro de las políticas de cooperación internacional.
La convocatoria tenía como objetivo reforzar modelos de desarrollo sostenible en sectores como el cultivo del cacao y el turismo ecológico, promoviendo al mismo tiempo la protección del entorno natural y el impulso económico de zonas rurales.
Sin embargo, la concesión ha suscitado críticas en algunos sectores, que cuestionan el destino de fondos públicos fuera de España. Parte de estas críticas se centran en la actividad desarrollada por la entidad durante el último año, en el que, según su propio plan estratégico, ha llevado a cabo acciones como la publicación de un libro, la producción de material audiovisual y la elaboración de documentos institucionales.
Desde la asociación beneficiaria se defiende que estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia de sensibilización, investigación y fortalecimiento de capacidades en comunidades amazónicas, alineada con objetivos de conservación ambiental y desarrollo sostenible.
La ayuda se integra en el marco de las políticas de cooperación impulsadas por el Ejecutivo, orientadas a proyectos internacionales que buscan abordar desafíos globales como el cambio climático, la preservación de ecosistemas y el desarrollo económico en regiones vulnerables.
