El Gobierno ha regularizado alrededor de 15.000 inmigrantes entre 2024 y 2025 a través de una disposición del Reglamento de Extranjería que permite conceder permisos de residencia a mujeres extranjeras que se declaran víctimas de violencia de género o sexual, incluso cuando no existe denuncia o sentencia judicial, según informa OK Diario.

Según ha reconocido el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, el sistema permite acreditar la condición de víctima sin necesidad de una condena firme ni de un procedimiento penal concluido.

La medida se enmarca en una ampliación de los mecanismos de acreditación aprobada por el Gobierno para facilitar que las mujeres puedan acceder a recursos sociales, asistencia y permisos de residencia.

De acuerdo con la normativa, el reconocimiento de la condición de víctima puede producirse en múltiples situaciones: cuando no se haya presentado denuncia, cuando el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, cuando el caso siga en trámite, o incluso cuando exista sentencia absolutoria o no se haya podido probar el delito.

También puede concederse el permiso de residencia si se ha solicitado una orden de protección que posteriormente fue denegada o si existen antecedentes de denuncia retirada.

El Ejecutivo sostiene que la ampliación de estas vías responde a la necesidad de garantizar la protección de las víctimas, ya que —según explica— en muchos casos no es posible identificar al agresor o localizarlo para iniciar un proceso judicial.

La información fue facilitada por el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso a una pregunta presentada por VOX, que solicitó aclaraciones sobre los criterios utilizados para conceder estos permisos de residencia.

En su respuesta, el Ejecutivo defendió que estas medidas buscan garantizar una atención integral a las víctimas y evitar situaciones de mayor vulnerabilidad, permitiendo que puedan acceder a recursos sociales y protección institucional.

Sin embargo, la respuesta gubernamental no detalla qué mecanismos existen para verificar la veracidad de los hechos alegados ni cómo se previene que este sistema pueda convertirse en una vía automática de acceso a la residencia. Tampoco aclara qué controles existen en caso de que posteriormente se demuestre que no existió el delito denunciado, ni qué procedimientos se aplican para supervisar las acreditaciones emitidas por los servicios sociales.