El Consulado General de España en Ciudad de México tramitó en apenas 24 horas la nacionalidad española del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, un político mexicano que posteriormente fue denunciado por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas valoradas en casi 40 millones de euros. El regidor recibió un trato preferente que incluyó una reunión con el cónsul general y la revisión inmediata de su expediente.

Según una investigación publicada por The Objective, el alcalde acudió a las dependencias consulares el 31 de mayo de 2023 para acogerse a la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos». Al día siguiente, el 1 de junio, la cónsul adjunta Teresa Barba le concedió el pasaporte español, de acuerdo con la documentación examinada por el periódico.

La rapidez del procedimiento contrasta con las esperas de meses que afrontaban miles de solicitantes de nacionalidad española en México. Fuentes consulares consultadas por el citado medio denuncian que durante la aplicación de esta legislación se favoreció la tramitación de expedientes de personalidades influyentes de la política y el mundo empresarial mexicano.

Una reunión con el cónsul y un expediente revisado inmediatamente

La investigación recoge mensajes internos de WhatsApp en los que la entonces cónsul adjunta Teresa Barba comunicó a los trabajadores que el alcalde de Morelia tenía prevista una cita y una reunión con el cónsul general, Manuel Hernández Ruigómez.

«Como el Cónsul General va a tener una reunión con él y tiene que venir a Galileo hemos pensado que pueda directamente dejar aquí su solicitud», señalaba el mensaje, en el que también se pedía revisar el expediente sobre la marcha. Martínez Alcázar había nacido en México en 1975, al igual que sus padres, y solicitó la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En abril de 2024, casi un año después de obtener el pasaporte español, el alcalde fue denunciado ante organismos mexicanos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos municipales a empresas relacionadas con familiares, amigos y antiguos funcionarios.

Las operaciones cuestionadas superaban los 823 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 39,5 millones de euros. Martínez Alcázar ha rechazado las acusaciones y defendido la legalidad de su gestión.

Más expedientes con tratamientos preferentes

La investigación también revela el caso de Alejandra Vázquez Zorrilla, esposa del cónsul honorario de España en Tlaxcala, Ricardo José Martín Quintana. Su solicitud de nacionalidad incluía una anotación manuscrita que advertía expresamente de su relación familiar con el representante consular: «Me recomendaron indicar que este expediente es de la esposa del Consulado Honorario en Tlaxcala». La mujer presentó su solicitud el 25 de mayo de 2023 y obtuvo la nacionalidad el 22 de junio, menos de un mes después.

Estos casos se suman a otras informaciones sobre presuntos tratamientos preferentes a personalidades mexicanas, entre ellas Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la exsenadora Nancy de la Sierra Arámburo.

Las fuentes consulares citadas por The Objective cuestionan la diferencia de trato entre estos solicitantes y los ciudadanos que seguían los procedimientos ordinarios. La documentación publicada acredita la rapidez de determinadas tramitaciones, aunque no demuestra por sí sola que las concesiones de nacionalidad fueran ilegales.