El Gobierno de Pedro Sánchez ha incorporado el histórico Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife al Inventario de Lugares de Memoria Democrática. El Ejecutivo ha decidido otorgar este reconocimiento al inmueble situado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña, que durante décadas fue uno de los principales enclaves de la masonería en Canarias y que ya gozaba de protección como Bien de Interés Cultural desde 2007.
La medida ha sido impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, mediante una resolución suscrita el pasado 22 de octubre por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. La disposición, que entra en vigor este martes 27 de octubre, contempla distintas iniciativas para dar a conocer la trayectoria del edificio y su vinculación con la persecución de las organizaciones masónicas durante el franquismo.
Entre las actuaciones recogidas por el departamento ministerial se encuentra la instalación de placas conmemorativas, señalizaciones y soportes explicativos que permitan identificar el inmueble y contextualizar los acontecimientos históricos relacionados con sus antiguos ocupantes. También se prevé impulsar materiales digitales y producciones audiovisuales para divulgar su pasado entre los visitantes.
El reconocimiento permitirá, además, que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática promueva la publicación de fotografías, archivos y otros documentos históricos en sus plataformas institucionales. A estas medidas se añade la posibilidad de integrar el edificio en iniciativas y recorridos internacionales relacionados con la recuperación de la memoria histórica.
Sin embargo, la resolución no establece ninguna partida económica concreta para financiar estos proyectos. El documento recoge las actuaciones que podrán desarrollarse, pero no fija cantidades presupuestarias ni compromisos específicos de gasto para su ejecución.
Un antiguo centro de reunión de la masonería canaria
Los orígenes del templo están ligados a la logia Añaza, constituida en 1895, que convirtió el edificio en uno de los principales espacios de actividad masónica del archipiélago. Su funcionamiento se prolongó durante las primeras décadas del siglo XX, hasta que el levantamiento militar de julio de 1936 provocó el cese de sus actividades.
Tras el inicio de la Guerra Civil, las instalaciones fueron ocupadas y la documentación de la organización quedó incautada. Posteriormente, el inmueble pasó a estar bajo control de las autoridades militares, en un contexto marcado por la represión contra la masonería y sus integrantes.
El templo recibió en 2007 la declaración de Bien de Interés Cultural, una figura que ya garantizaba su protección por su relevancia arquitectónica e histórica. La nueva decisión del Gobierno añade ahora su inclusión en el inventario estatal previsto por la Ley de Memoria Democrática, sin sustituir la catalogación patrimonial de la que disfrutaba anteriormente.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife continuará siendo el propietario del edificio, puesto que la incorporación al registro estatal no implica ninguna transferencia de titularidad ni una modificación automática de su utilización. La resolución podrá ser impugnada mediante los correspondientes procedimientos administrativos o ante los tribunales, conforme a los plazos y requisitos establecidos por la legislación vigente.
