El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a destinar a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP) un total de 250.000 euros a un proyecto de «regadío sostenible» en varias regiones de Túnez, según consta en una convocatoria publicada con fecha 12 de enero de 2026 y adelantada por Pablo Cambronero.

La ayuda, articulada como una concesión directa de carácter instrumental, se encuadra bajo la fórmula de subvención y entrega dineraria sin contraprestación y tiene como objetivo, de acuerdo con la documentación oficial, mejorar la disponibilidad de recursos hídricos para el riego mediante la gestión integral del agua en las gobernaciones tunecinas de Monastir y Mahdia.

La publicación de esta subvención ha generado críticas al coincidir en el tiempo con la ausencia de inversiones comprometidas en infraestructuras hidráulicas dentro del territorio nacional. En concreto, se produce mientras el Ejecutivo admite que no dispone de fondos ni previsión presupuestaria para ejecutar las obras hídricas pendientes en el barranco del Poyo, una actuación largamente reclamada para prevenir inundaciones y mejorar la seguridad de la zona.

El contraste entre la financiación destinada a proyectos en el exterior y la falta de recursos para actuaciones consideradas prioritarias en España ha reavivado el debate sobre las prioridades del Gobierno en materia de política hidráulica y cooperación internacional. Desde distintos ámbitos se cuestiona que, mientras se destinan fondos públicos a iniciativas de regadío fuera del país, no se avancen soluciones para infraestructuras clave que afectan directamente a la población y al territorio.

Según figura en la ficha de la convocatoria, el presupuesto total asciende exactamente a 250.000 euros y se financiará con cargo a fondos públicos, sin que se exija contraprestación económica alguna por parte de los beneficiarios. El proyecto se enmarca en actuaciones de cooperación orientadas a la sostenibilidad del uso del agua, aunque la información publicada no detalla el impacto concreto ni los mecanismos de control de resultados.

La decisión ha vuelto a poner el foco en el destino de los impuestos y en la estrategia del Ejecutivo a la hora de equilibrar las inversiones en el exterior con las necesidades pendientes en materia de infraestructuras hidráulicas dentro de España.