España destina al mantenimiento de su red ferroviaria apenas el 56% de los recursos que dedica de media un grupo de catorce países europeos, mientras los accidentes ferroviarios se han disparado un 142% desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Así lo revela un informe del Instituto Juan de Mariana titulado Todo funciona peor, elaborado por los economistas Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz, que denuncia el deterioro de los servicios públicos pese al incremento de la recaudación fiscal.

El estudio, publicado este viernes, recoge que España invierte 45,5 millones de euros en mantenimiento por cada mil kilómetros de vía, frente a los 80,6 millones correspondientes al promedio europeo utilizado como referencia. Los datos, procedentes del Instituto de Estudios Económicos, sitúan a España entre los países que menos recursos destinan a conservar sus infraestructuras ferroviarias en términos relativos.

La situación resulta especialmente preocupante tras las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado 115 fallecidos en menos de un año y han vuelto a colocar la seguridad del ferrocarril español en el centro del debate público.

Según los datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recogidos por el instituto, los accidentes pasaron de 40 en 2018 a 97 en 2024, lo que representa un incremento del 142,5%. Durante el mismo periodo, los descarrilamientos se triplicaron, al pasar de siete a 22.

El informe señala que el crecimiento del tráfico ferroviario no ha ido acompañado de un incremento proporcional de los recursos destinados a conservar las vías. Aunque el gasto nominal total de mantenimiento ha aumentado en los últimos años, el gasto de conservación por viajero-kilómetro de alta velocidad se ha reducido un 22% respecto a 2018.

Los autores advierten de que esta evolución refleja una pérdida de recursos relativos en un sistema que transporta cada vez a más pasajeros y necesita mayores inversiones para garantizar su funcionamiento.

Los retrasos de más de una hora se multiplican por siete

El deterioro del servicio también se refleja en las estadísticas de puntualidad. Según el estudio, en 2018 únicamente el 1,1% de los trenes de larga distancia llegaba a su destino con una hora o más de retraso. En enero de 2026, ese porcentaje alcanzó el 8,1%, más de siete veces el nivel registrado ocho años antes. En marzo de este año, únicamente el 48,6% de los trenes AVE llegó con menos de cinco minutos de retraso.

A pesar del empeoramiento de la puntualidad, Renfe modificó en julio de 2024 sus compromisos de compensación a los viajeros. Hasta entonces, la compañía devolvía el 50% del importe del billete cuando un tren acumulaba más de 15 minutos de retraso y el 100% cuando superaba los 30 minutos.

Con las nuevas condiciones, el pasajero debe sufrir una demora de al menos 60 minutos para recibir la devolución parcial, mientras que el reembolso íntegro se establece a partir de los 90 minutos. El informe también recoge que el número de viajeros de alta velocidad descendió un 12,3% entre enero y agosto de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

El Instituto Juan de Mariana denuncia que el Gobierno prioriza el gasto corriente frente a la inversión

Diego Sánchez de la Cruz, uno de los autores del estudio, sostiene que el problema ferroviario forma parte de un deterioro más amplio de las infraestructuras y servicios públicos españoles. «Son datos que explican lo que está pasando: es un patrón generalizado», ha señalado en declaraciones a The Objective.

El economista critica que el aumento de los ingresos públicos no se haya traducido en mayores inversiones de conservación y cuestiona que el Gobierno haya priorizado determinadas subvenciones y ayudas al transporte frente al mantenimiento de las infraestructuras.

El informe extiende sus conclusiones a otros ámbitos. En el caso de las carreteras, estima que existe un déficit de conservación cercano a los 15.000 millones de euros y que aproximadamente 34.000 kilómetros necesitan actuaciones de reconstrucción.

En sanidad, señala que el gasto público ha crecido un 43% desde 2018, mientras que 853.509 pacientes permanecían en listas de espera quirúrgica al cierre de 2025, un 28% más que ocho años antes.

En justicia, los asuntos pendientes de resolución han aumentado un 80%, mientras que los autores también alertan del incremento de la criminalidad y del empeoramiento de los resultados educativos. El Instituto Juan de Mariana considera que estas cifras evidencian una contradicción entre el aumento de los recursos recaudados por las administraciones y la evolución de los servicios que reciben los ciudadanos.

Los datos no permiten atribuir automáticamente los accidentes de Adamuz y Urda a una insuficiencia de mantenimiento, ya que sus causas deben determinarse mediante investigaciones técnicas independientes. Sin embargo, el informe plantea la necesidad de revisar las prioridades presupuestarias del Gobierno y la evolución de la inversión en seguridad y conservación ferroviaria.