El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes a través de sus redes sociales que el Ejecutivo había decidido presentar la candidatura de la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para ocupar la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La líder de Sumar anunció meses atrás que no encabezará la candidatura de su formación en las próximas elecciones generales previstas para 2027, una decisión que ya planteaba dudas sobre su continuidad al frente del espacio político que impulsó tras la ruptura de Unidas Podemos.

Más allá del componente político, el posible nombramiento también ha puesto el foco en las condiciones económicas asociadas al cargo. Según la información publicada por Libre Mercado, la persona que ocupe la Dirección General de la OIT percibirá una remuneración superior a los 226.000 euros anuales. El puesto contempla un salario base de aproximadamente 170.000 dólares netos al año, además de complementos vinculados a gastos de representación, vivienda y otras prestaciones habituales para altos funcionarios del sistema de Naciones Unidas.

En este contexto, la candidatura de Yolanda Díaz no solo plantea interrogantes sobre su futuro político, sino también sobre la relación entre el Gobierno español y la OIT. La Organización Internacional del Trabajo se financia a través de tres vías principales: el Presupuesto Ordinario, formado por las aportaciones obligatorias de los Estados miembros; la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario, que recibe contribuciones voluntarias; y los Recursos Extra-presupuestarios de Cooperación Técnica, destinados a proyectos concretos financiados por gobiernos, organismos internacionales e instituciones públicas y privadas.

Dentro de este esquema de financiación, España se ha mantenido como uno de los países que más contribuyen económicamente al organismo. Según los documentos oficiales de la OIT sobre las aportaciones de los Estados miembros, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018, el Gobierno ha transferido decenas de millones de euros a la organización.

Durante los años 2018 y 2019, España aportó 9,3 millones de francos suizos anuales, equivalentes a unos 9,98 millones de euros por ejercicio, lo que supuso cerca de 20 millones de euros en el conjunto del periodo. Posteriormente, en 2020 y 2021, las contribuciones se situaron en 8,5 millones de francos suizos anuales, alcanzando aproximadamente 18,24 millones de euros entre ambos años.

La financiación española continuó en los ejercicios siguientes. En 2022 y 2023, las aportaciones ascendieron a 8,2 millones de francos suizos por año, mientras que en 2024 y 2025 se elevaron de nuevo hasta los 8,5 millones de francos suizos anuales. Hasta julio de 2026, la contribución registrada alcanza los 7,2 millones de francos suizos.

En conjunto, los pagos correspondientes a las contribuciones ordinarias de España a la OIT desde 2018 superan los 81 millones de euros, según los datos publicados por el propio organismo. A esta cifra hay que añadir las aportaciones voluntarias destinadas a proyectos de cooperación internacional.

En este apartado, la propia OIT señala que España contribuyó con 6,9 millones de dólares estadounidenses —unos 6,07 millones de euros— entre 2021 y 2024 para financiar programas complementarios de la organización. Además, el organismo internacional indica que actualmente España participa en la financiación de ocho proyectos de cooperación al desarrollo gestionados por la OIT en distintos países.

Así, sumando las contribuciones ordinarias y las aportaciones voluntarias, el apoyo económico del Gobierno español a la OIT desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno asciende a unos 87,67 millones de euros.