El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido elevar hasta 44,5 millones de euros el gasto máximo destinado a la atención humanitaria de los inmigrantes llegados a Ceuta, casi un mes después de la entrada masiva del pasado 30 de julio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este viernes una ampliación de crédito que eleva el importe máximo hasta 44,51 millones de euros, una cantidad que multiplica por más de siete los fondos inicialmente aprobados apenas unos días después del comienzo de la crisis.

«Hemos propuesto una ampliación de crédito que eleva el importe máximo hasta los 44,51 millones de euros», ha señalado Saiz durante su comparecencia en el Congreso.

El Ministerio había aprobado el pasado 3 de agosto una declaración de emergencia inicial superior a los seis millones de euros, pero el coste previsto de la atención a los inmigrantes se ha disparado a medida que la situación se prolonga.

De seis millones a más de 44 en menos de un mes

El incremento muestra la enorme factura económica que está dejando la crisis migratoria en la ciudad autónoma. En menos de cuatro semanas, el Gobierno ha pasado de comprometer algo más de seis millones de euros a contemplar un gasto máximo superior a 44 millones, destinados a sostener los dispositivos de alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria.

La ampliación supone añadir potencialmente más de 38 millones de euros adicionales respecto al primer paquete de emergencia. El Ejecutivo justifica esta cantidad por la necesidad de reforzar «la capacidad de respuesta de la Administración» ante una situación que considera extraordinaria.

La decisión se produce mientras Ceuta continúa sometida a una enorme presión sobre sus servicios públicos y después de que el propio Gobierno haya reconocido que miles de inmigrantes permanecen todavía en la ciudad tras la entrada masiva.

El Gobierno pide ahora a Bruselas que pague parte de la factura

Saiz ha explicado además que el Ejecutivo intenta conseguir que una parte de estos gastos sea cubierta mediante fondos extraordinarios de la Unión Europea relacionados con migración y asilo. La ministra ha insistido en que España solicitó esta financiación europea «desde el primer momento» y ha rechazado las críticas sobre una posible demora en la petición de ayuda.

En cualquier caso, tanto si el dinero procede directamente de los presupuestos españoles como de fondos comunitarios, la respuesta a la crisis continúa dependiendo de recursos públicos financiados por los contribuyentes europeos.

El Gobierno no ha detallado todavía qué cantidad concreta de los 44,5 millones acabará siendo cubierta por Bruselas.