El Gobierno de Sánchez ejecutó hasta octubre de 2025 el 10,5% de las órdenes de expulsión dictadas por el Ministerio del Interior contra inmigrantes ilegales, según los últimos datos oficiales recopilados por Eurostat. En términos absolutos, se han materializado 4.365 deportaciones de un total de 41.315 resoluciones administrativas emitidas en el periodo analizado, lo que evidencia una diferencia significativa entre los procedimientos acordados y los efectivamente ejecutados, según publica OkDiario.

Las estadísticas, correspondientes a los meses comprendidos entre enero y septiembre del año anterior, muestran que permanecen pendientes de cumplimiento 36.950 resoluciones. La brecha entre el volumen de órdenes emitidas y las salidas del territorio nacional se mantiene como una de las principales características del sistema de retorno español en el contexto de la política migratoria de la Unión Europea.

De acuerdo con el real decreto que regula la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, aprobado en 2007, las resoluciones de expulsión son competencia del Ejecutivo y se formalizan a través de los subdelegados o delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas. Este marco normativo establece los procedimientos administrativos que deben seguirse para notificar y ejecutar las decisiones de retorno.

El texto legal diferencia entre dos modalidades de tramitación. En el procedimiento preferente, la resolución tiene efectos inmediatos y permite la salida del país en el mismo momento de su notificación. En el procedimiento ordinario, en cambio, se concede un plazo voluntario de entre siete y treinta días para que la persona afectada abandone el territorio nacional tras recibir la comunicación oficial.

La ejecución de la expulsión conlleva, además, una prohibición de entrada al territorio español y, en determinados casos, a los países de la UE con los que existan acuerdos específicos en materia de cooperación migratoria. La duración de esta restricción se fija en función de las circunstancias particulares de cada expediente administrativo y no puede superar, con carácter general, los cinco años.

El Ministerio del Interior contempla una excepción en los supuestos en los que la persona extranjera represente una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública. En estos casos, y previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la prohibición de entrada puede ampliarse hasta un máximo de diez años, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Los datos históricos reflejan que la proporción de expulsiones ejecutadas se ha mantenido en niveles reducidos en los últimos ejercicios. En 2022 se dictaron 45.960 órdenes, de las que se materializaron 3.335, lo que supuso un 7,2%. En 2023, de 64.260 resoluciones, se llevaron a cabo 5.995 deportaciones, mientras que en 2024 se registraron 6.100 ejecuciones sobre un total de 62.935, equivalente al 9,6%.