El Gobierno socialista de Pedro Sánchez parece dispuesto a no renunciar al pucherazo electoral que quiere perpetrar a través de la llamada ley de nietos. Tras el revés recibido recientemente del Tribunal Supremo, ha pedido a través de la Abogacía del Estado que levante la suspensión cautelar del derecho al voto de los supuestos descendientes nacionalizados.

Recordemos que el Supremo, tras la reclamación presentada por VOX, ha suspendido los efectos electorales de la inscripción en el censo de quienes obtuvieron la nacionalidad bajo una Instrucción de Justicia (desde 2022) que aplica una “presunción de exilio” para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, recoge este martes El Español.

La Abogacía del Estado dice que no existe un “riesgo de alteración del censo electoral” y que, aun si existiera, sería tan pequeño que no justificaría privar del voto a cientos de miles de personas. Eso sí, no habla la Abogacía de las serias dudas existentes sobre un posible fraude masivo, al no tener que demostrar dichos descendientes su condición por medio de la correspondiente documentación oficial, como viene informando La Gaceta.

Recordemos que el Tribunal Supremo exige certificaciones consulares que acrediten el exilio político para permitir el voto, pero la Abogacía advierte que muchas oficinas no tendrán tiempo de emitirlas antes del 1 de enero de 2027, antes de las próximas elecciones.