El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar este martes un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros para adquirir documentación electoral destinada a los españoles residentes en el extranjero, con una previsión de hasta 550.000 sobres para Argentina. La medida llega en plena controversia judicial por la denominada «ley de nietos», después de que el Tribunal Supremo mantuviera suspendido cautelarmente el voto de 163.020 nacionalizados que deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Según revela The Objective, citando fuentes gubernamentales, el Consejo de Ministros estudia autorizar esta contratación para garantizar el envío de la documentación necesaria para votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Argentina será el principal destino de los envíos, al concentrar la mayor comunidad de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La previsión de 550.000 sobres corresponde al conjunto de electores españoles residentes en ese país, no exclusivamente a los nacionalizados mediante la «ley de nietos».
El censo electoral en Argentina se dispara en más de 220.000 personas
El crecimiento del electorado español en Argentina constituye uno de los principales focos de controversia de las próximas elecciones generales. Según los datos recogidos por The Objective, el número de inscritos en el CERA de Argentina ha pasado de 304.168 en 2023 a 524.852 en 2026, lo que supone un incremento de 220.684 electores en apenas tres años. Sin embargo, en los anteriores comicios generales únicamente votaron 25.879 españoles residentes en Argentina, equivalentes al 8,5% de los inscritos.
El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados
La preparación del envío masivo de documentación electoral coincide con las resoluciones del Tribunal Supremo sobre el censo exterior. El Alto Tribunal ha mantenido la suspensión cautelar de los efectos electorales de las nacionalizaciones afectadas por la instrucción de 2022, salvo que los interesados acrediten los requisitos exigidos para participar en las elecciones.
Además, ha exigido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que faciliten la relación nominal de los 163.020 afectados antes del 28 de octubre, advirtiendo de posibles multas y responsabilidades por incumplimiento. La remisión de documentación electoral no supone por sí misma que las personas afectadas por la suspensión judicial puedan emitir un voto válido.
Otros siete millones de euros para verificar el DNI digital
Paralelamente, el Ejecutivo prevé aprobar otro contrato de emergencia por siete millones de euros para alquilar dispositivos de verificación del DNI digital durante las elecciones. Estos aparatos permitirían comprobar mediante códigos QR la autenticidad de los documentos electrónicos utilizados para acreditar la identidad de los votantes.
La Junta Electoral Central había reclamado garantías adicionales para evitar posibles manipulaciones y asegurar la fiabilidad de este sistema de identificación. De confirmarse ambas contrataciones, el Gobierno movilizaría 8,5 millones de euros para estos dos dispositivos electorales a poco más de un mes de las elecciones.
La preparación del voto exterior y la revisión judicial de los expedientes de nacionalidad sitúan así al CERA en el centro de la campaña del 29-N, en un escenario marcado por las dudas de la oposición sobre las garantías del proceso y la defensa del Ejecutivo del derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero.
