Las autorizaciones de residencia por «arraigo familiar» concedidas cada año pasaron de 8.861 en 2018 a 80.258 durante el año pasado, según los datos consultados por LA GACETA a través del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Se trata de un incremento del 806%. Si se toma como referencia el máximo de la serie, alcanzado en 2024 con 93.267 concesiones, el salto llega al 953%. Ninguna otra vía de «regularización» ha crecido a ese ritmo.

El «arraigo familiar» ha pasado de ser una figura secundaria a convertirse en la principal puerta de acceso a la residencia legal en España. En 2020 representaba el 27% de las autorizaciones de arraigo en vigor. Seis años después copa ya el 59% del total, desplazando a las modalidades ligadas a la integración y al empleo.

El primer gran salto se produjo en 2023, con un aumento del 137,6% en un solo ejercicio. Esa subida coincide exactamente con la entrada en vigor del Real Decreto 629/2022, que amplió los supuestos del «arraigo familiar» para incluir a cónyuges, parejas de hecho y ascendientes mayores de 65 años de ciudadanos españoles. El efecto fue inmediato y el porcentaje de beneficiarios mayores de 65 años pasó del 6% en 2022 al 21% en 2025.

El segundo punto de inflexión llegó en 2025. Las concesiones por «arraigo familiar» cayeron un 13,9%, sin embargo no se trata de una contención real de regularizaciones. El descenso es consecuencia directa del Real Decreto 1155/2024, en vigor desde mayo de 2025, que extrae a los familiares de ciudadanos ya nacionalizados de la figura del «arraigo familiar» y los traslada a un título propio. Los mismos expedientes que antes engrosaban una estadística ahora se contabilizan en otra. El propio Observatorio lo reconoce: el número de autorizaciones de «arraigo familiar» en vigor “irá reduciéndose a lo largo del tiempo” por este cambio normativo.

La cifra se infló por decreto en 2022 y se reclasifica por decreto en 2025. No es un fenómeno espontáneo ni una respuesta a una presión demográfica imprevista. Es una decisión reglamentaria del Gobierno que ha transformado la principal vía de regularización del país.

El arraigo no es un destino final, sino una estación intermedia. La inmensa mayoría de estas autorizaciones son iniciales y abren la puerta, con el tiempo, a la residencia de larga duración y a la nacionalidad española. Por eso el volumen alcanzado importa más allá de la cifra anual, porque lo que se decide en un reglamento condiciona durante años el número de nuevos residentes legales y, más adelante, el de nuevos nacionales con derecho a voto.