«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Excluye a las explotaciones extensivas, reducidas y de autoconsumo

El Gobierno de Sánchez obliga a los ganaderos a declarar las emisiones de ‘metano, amoniaco y otros gases’ de vacas y pavos bajo amenaza de multas

Archivo - Vacas. Europa Press.

Los ganaderos de vacuno y pavo tendrán que presentar una declaración anual con información sobre las emisiones contaminantes de sus explotaciones, una nueva obligación burocrática aprobada por el Consejo de Ministros que incorpora a estas dos actividades a los controles que ya soportaban los sectores porcino y avícola.

La modificación del Real Decreto 988/2022, avanzada por Libre Mercado, obliga a los productores afectados a comunicar los datos necesarios para calcular los gases que generan sus animales y las instalaciones ganaderas. Entre ellos figuran el metano producido por la digestión del ganado vacuno, así como el amoniaco y otros gases derivados de la gestión del estiércol y los purines.

La nueva obligación supone más controles y trámites administrativos para el campo, que deberá incorporar otra declaración periódica a las exigencias que ya soportan las explotaciones. La medida excluye, no obstante, a las explotaciones extensivas, reducidas y de autoconsumo.

Los productores tendrán que cumplimentar telemáticamente una ficha anual de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el Registro General. En ella deberán detallar la actividad correspondiente al ejercicio anterior, incluyendo el consumo energético, la alimentación de los animales, la gestión de los residuos ganaderos y las características de las instalaciones.

Asimismo, tendrán que confirmar si se han producido modificaciones respecto a la información presentada el año anterior. Con estos datos, la Administración pretende calcular las emisiones contaminantes de cada explotación, especialmente las de amoniaco y gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso.

El Ejecutivo justifica la ampliación de esta obligación por la necesidad de mejorar la calidad de la información disponible y evitar que los registros queden desactualizados. Sin embargo, la medida añade nuevas tareas administrativas a unos productores que llevan tiempo reclamando una reducción de la burocracia que soporta el sector agrario.

Las sanciones pueden alcanzar los 20.000 euros para quienes incumplan las obligaciones de información. La normativa contempla incluso multas de hasta 60.000 euros cuando se trate de infracciones muy graves, como proporcionar deliberadamente datos falsos o manipular los registros.

Las consecuencias económicas pueden ir más allá de las sanciones. En determinados supuestos, el incumplimiento también puede provocar la retirada de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) o una reducción de hasta el 30% del conjunto de las subvenciones percibidas por el ganadero durante los dos ejercicios siguientes.

Las comunidades autónomas serán las encargadas de realizar controles administrativos y visitas de inspección para comprobar la veracidad de los datos. Los técnicos podrán examinar la documentación y verificar sobre el terreno las instalaciones, los sistemas de gestión de estiércoles y purines y las técnicas de producción declaradas por cada explotación.

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