El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha obligado al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública a atender la solicitud presentada por un particular para tener acceso a los informes de comprobación sobre la situación patrimonial de los altos cargos de la Administración General del Estado realizados por la Oficina de Conflictos de Intereses desde el 1 de enero de 2020.
Así lo ha dictado el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en una resolución en la que estima parcialmente la reclamación presentada por la persona que solicitó esos informes y deja claro que no cabe ampararse en el derecho a la protección de datos de los altos cargos para no ofrecer la información que se pide al Gobierno.
En concreto, la persona que se dirigió al departamento que dirige Óscar López se interesó por el número de altos cargos con indicios de enriquecimiento injustificado tras su cese, y sobre los que hubo que pedir la colaboración de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para aclarar su situación.
También quería saber cuántas veces se ha identificado la existencia de posibles responsabilidades administrativas o penales, y pedía copia de las comunicaciones o informes sobre la aplicación del artículo 24 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado que realiza la OCI semestralmente para el Gobierno.
