El Gobierno de Pedro Sánchez ofrecerá protección médica «prioritaria» a los extranjeros que se encuentren en España sin residencia legal, incluso aunque su situación administrativa no haya sido regularizada. Según el nuevo real decreto aprobado en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García —adelantado por OkDiario—, bastará con presentar una solicitud de protección internacional o temporal para acceder a este tratamiento preferente dentro del sistema sanitario público.

La norma establece un procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a personas extranjeras que no estén registradas ni autorizadas como residentes en España. El objetivo, según el propio ministerio, es unificar los criterios en todo el territorio nacional y garantizar que este derecho se aplique de forma homogénea en todas las comunidades autónomas.

Entre las principales novedades del texto se encuentra la creación de una categoría de «protección prioritaria» dirigida a determinados colectivos considerados vulnerables. Dentro de este grupo se incluyen, entre otros, quienes soliciten protección internacional o temporal, así como menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o de trata y personas que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad.

En el caso de los solicitantes de asilo o protección temporal, la norma establece que no será necesario que el reconocimiento haya sido concedido formalmente. Será suficiente con haber presentado la solicitud para poder acceder a la atención sanitaria con carácter preferente, independientemente de que posteriormente se determine si cumplen o no los requisitos para obtener dicha protección.

Para beneficiarse del sistema sanitario público bastará con presentar una «declaración responsable». Este documento deberá indicar que la persona no dispone de cobertura sanitaria por otras vías, que no puede trasladar ese derecho desde su país de origen y que no existe ningún tercero obligado a asumir el coste de su asistencia médica.

Además, cuando se trate de situaciones de vulnerabilidad especial, será necesario aportar un informe emitido por los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente que acredite esa circunstancia.