En un contexto de fronteras porosas y llegadas masivas de inmigración ilegal a las costas españolas, el Gobierno ha destinado una cifra astronómica de fondos públicos a la gestión de esta crisis. Según documentos exclusivos a los que ha tenido acceso LA GACETA —un compendio de hasta 70 contratos adjudicados por la Secretaría de Estado de Migraciones—, el dispendio total asciende a 183.119.656,85 euros. Estos fondos, procedentes en su mayoría de los contribuyentes españoles y no de la Unión Europea, se han empleado para atender a un total de 117.967 inmigrantes ilegales entre octubre de 2023 y diciembre de 2025. Esta exclusiva pone de manifiesto no solo un gasto descontrolado, sino una gestión reactiva que perpetúa la debacle fronteriza, con impactos directos en la seguridad nacional y la economía de los españoles.

Los contratos, tramitados bajo la figura de «emergencia» según el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, evitan licitaciones abiertas y competitivas. Esto permite adjudicaciones directas a ONGs y empresas públicas, lo que podría ocultar ineficiencias o favoritismos. Cada contrato cubre servicios básicos como alojamiento, alimentación, transporte, seguridad, traducción, interpretación y atención médica. Sin embargo, la repetición de estas «emergencias» —algunas ampliadas hasta seis veces— revela una crisis crónica no resuelta. En lugar de invertir en prevención, como el refuerzo de fronteras o acuerdos de repatriación, el Ejecutivo opta por un enfoque paliativo que incentiva más llegadas ilegales año tras año.

Desglosando el gasto por años, basado en los plazos de ejecución de los contratos, el pico se produce en 2024, con 82.467.342,33 euros destinados a la acogida. En 2023, el desembolso fue de 47.852.314,52 euros, coincidiendo con el inicio de la declaración de emergencia en octubre. Para 2025, el total ascendió a al menos 52.800.000 euros, enfocados en la continuidad de los servicios. Estas cifras no incluyen costes indirectos, como la sobrecarga en el sistema sanitario público o los servicios extraordinarios de las fuerzas de seguridad, que los contribuyentes también asumen. El coste medio por inmigrante gestionado ronda los 1.552 euros, con un gasto diario aproximado de 15-20 euros por inmigrante al día, calculado sobre duraciones de 60-90 días por contrato.

Entre los beneficiarios de estos contratos, destaca una concentración en unas pocas entidades. El top 3 de receptores de fondos públicos es liderado por la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), con 47.369.198,41 euros para habilitación de espacios y suministros. Le sigue la Cruz Roja Española, con 40.235.464 euros en servicios de transporte y atención médica, y la Fundación APIP-ACAM, con 16.070.178 euros para gestión de plazas. Otras ONGs como ACCEM (alrededor de 25 millones), CEAR (20 millones) y CEPAIM (8 millones) completan el panorama. Una dependencia de entidades recurrentes que plantea interrogantes sobre si se evalúa o no la eficiencia real, o se trata de un sistema clientelar que drena el erario sin rendir cuentas.

Un aspecto particularmente alarmante es la mención explícita al uso de hoteles en estos contratos. Indicando que parte de la gestión incluye infraestructuras hoteleras adaptadas para inmigrantes ilegales. Esto no solo representa un lujo financiado por los contribuyentes —potencialmente desplazando turismo y afectando economías locales—, sino que agrava la percepción de impunidad creando un efecto llamada constante. En resumen, estos 70 contratos obtenidos en exclusiva por LA GACETA iluminan un gasto opaco que, lejos de combatirla, perpetúa la actual debacle migratoria.